El intendente de Escobar reportó su evolución patrimonial a la Oficina Anticorrupción. Afirmó que lo viene haciendo desde 2006, a pesar de no estar obligado legalmente. La mayoría de los jefes comunales del Conurbano se negó a dar esa información.
Papeles en orden. Sujarchuk fue uno de los alcaldes que más detalles aportó sobre su patrimonio, según Infobae.
El intendente de Escobar reportó su situación patrimonial a la Oficina Anticorrupción. Afirmó que lo hace desde 2006, a pesar de no estar obligado legalmente. La mayoría de los jefes comunales se negó a dar esa información.
Cada tanto, el tema de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, así como sus sueldos, vuelve a estar en el candelero. Y esta vez les tocó a los intendentes del Conurbano, quienes no están obligados legalmente a hacer pública esa información, pero quedaron al descubierto a partir de una investigación periodística
del portal Infobae.El sitio de noticias logró relevar las declaraciones juradas de 19 de los 33 jefes comunales del Conurbano bonaerense. Entre ellos la de Ariel Sujarchuk, a quien destacó como uno de los que aportó “mayores detalles sobre su patrimonio”.
El alcalde escobarense optó por completar el formulario de la Oficina Anticorrupción (OA), el organismo ante el cual deben presentar sus declaraciones los funcionarios nacionales.
De los 19 intendentes que accedieron a entregar su declaración jurada, el de mayor patrimonio es Sujarchuk, quien cerró el año 2017 con más de 16 millones de pesos en bienes y dinero en cuentas bancarias, según surge de la información que presentó ante la OA.
El intendente le explicó a Infobae que viene presentándola ante este organismo desde 2006, cuando era funcionario de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y luego como subsecretario en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Alicia Kirchner.
El dato más llamativo de su declaración jurada es la adquisición de ocho propiedades desde 2009, a un ritmo de casi una por año. La mayoría de ellas son departamentos para alquiler en la Ciudad de Buenos Aires.
Ya siendo intendente, a fines de 2016, Sujarchuk se compró un terreno de 5.600 metros cuadrados en la localidad de Loma Verde, cuya valuación fiscal es de 6,3 millones de pesos. Sobre esa propiedad, hay una casa de 800 metros cuadrados, según los registros de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).
Sin embargo, en su declaración jurada informa que la propiedad tiene sólo “81 metros”. Consultado por Infobae, Sujarchuk lo adjudicó a “un error de tipeo”. «La casa tiene 500 metros cubiertos y el resto es galería y quinchos. Es una casa quinta antigua, típica de la zona”, detalló.
En julio de 2017, el intendente adquirió otra casa quinta en Escobar para “inversión”, de 100 metros cuadrados y un valor fiscal de 2,9 millones de pesos. También informó tener, al cierre de 2017, 850.000 pesos y 110.000 dólares, la mayor parte en cuentas bancarias.
El mismo portal publicó también un artículo referido a los salarios de los diecinueve intendentes mencionados. En esa tabla Sujarchuk aparece quinto con $146.819. Se sabe que de esos ingresos, desde que asumió, dona el 10% al hospital provincial Enrique Erill.
El relevamiento lo encabeza el intendente de Berisso, Jorge Nedela (UCR-Cambiemos), quien declaró en 2017 un sueldo mensual neto de $205.064. Lo siguen Gustavo Posse, de San Isidro (UCR-Cambiemos), con $175.521, y Nicolás Ducoté, de Pilar (PRO), con $150.252.
A fines de 2017, la Legislatura bonaerense sancionó la ley 15.000, que obligó a todos los funcionarios de la provincia a presentar su declaración jurada. Se trata de un universo de casi 26.000 personas. Incluye a la gobernadora María Eugenia Vidal, funcionarios del Ejecutivo, comisarios de la Policía, jefes del Servicio Penitenciario y legisladores, que se sumaron este año. Los intendentes no fueron incluidos en el texto definitivo de la norma, para no avanzar sobre las autonomías municipales.
En el partido de Escobar, la única disposición respecto a los bienes de los funcionarios es una ordenanza sancionada en junio de 1996 -está registrada con el número 2.103-, a instancias del entonces intendente Luis Patti. La norma, todavía vigente, impone a los funcionarios municipales y a los concejales la obligación de presentar “una declaración jurada patrimonial dentro de los treinta días de haber asumido el cargo”.
Pero las declaraciones deberán ser renovadas cada cuatro años. Es decir, lo que dura un mandato. Además, esa información tendrá carácter privado. En suma, sirve de poco y nada para hacer un seguimiento de la evolución patrimonial de los funcionarios locales.
Así y todo, la ordenanza de Patti es lo único que aporta aunque sea un grano de arena en ese ítem. Ninguno de los gobiernos municipales que le sucedieron, ni siquiera el actual, hizo algo más en aras de la ética y la transparencia pública.
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