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La Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a las autoridades de los municipios de Escobar, Zárate, Campana, Tigre y San Fernando a detener la construcción de barrios cerrados y countries sobre zonas de humedales pertenecientes al Delta del Paraná.
Mediante la resolución 141/10, a la que tuvo acceso El Día de Escobar, el organismo instó a los intendentes de dichas comunas a “solo autorizar emprendimientos residenciales, industriales o agropecuarios en humedales cuando su necesidad se encuentre fundada en imperiosas razones de estricto interés público y no existan opciones menos perjudiciales”.
Asimismo, volvió a solicitar que “se informe, a través de todos los medios de comunicación local, el listado de las evaluaciones de impacto ambiental presentadas para su aprobación y la dependencia en la que los interesados puedan acceder a las declaraciones de impacto ambiental”.
En ese orden, también reclamó que “se adopte el procedimiento de audiencia pública para la recepción y evacuación de observaciones respecto de la evaluación de impacto urbanístico, socioeconómico y físicoambiental para todos aquellos emprendimientos de envergadura”.
Así, la Defensoría del Pueblo de la Nación hizo lugar a una presentación conjunta de la ONG Los Talares, de Ingeniero Maschwitz, y del Movimiento en Defensa de la Pacha Mama, que lucha por la recuperación de un antiguo cementerio indígena camino a Dique Luján. Alegan que existen restos arqueológicos en amplias zonas de humedales que hoy están siendo arrasados.
Puertos del Lago, El Cantón y El Cazal son hoy los tres emprendimientos inmobiliarios más importantes que se están desarrollando sobre superficies de humedales en el partido de Escobar. Sobre la tierra fértil se echaron toneladas de tosca, matando la naturaleza para sostener elegantes casonas.
La reciente resolución, de fecha 11 de noviembre, fue refrendada por el doctor Anselmo Sella, adjunto primero a cargo de la Defensor del Pueblo de la Nación, quien en sus argumentaciones señaló que otras indicaciones del mismo tenor no fueron contestadas al organismo por los intendentes de las comunas involucradas. “Dicha falta de respuesta obliga al Defensor del Pueblo a la adopción de una actitud preventiva en la búsqueda de asegurar la plena observancia de las normas tutelares del patrimonio natural”, aseveró.
Cabe aclarar que los requerimientos emanados por la Defensoría del Pueblo no son de carácter vinculante, por lo que su cumplimiento no es imperativo para las autoridades.
Tierras bajas de alto valor ambiental
Los humedales están en las tierras bajas, cerca de los ríos y las zonas de islas. Son aquellos paisajes pantanosos de juncos y otras plantas donde habitan miles de especies animales y vegetales.
Korine Schultz, presidente de la ONG ambientalista Los Talares, señala que los humedales “cumplen funciones ecológicas fundamentales para la vida. En principio, sirven para absorber el agua de lluvias, evitando inundaciones. Por otro lado, el agua es purificada y devuelta a las napas subterráneas, de donde todavía hoy seguimos bebiendo en el partido de Escobar”.
En sintonía con estas expresiones, la aludida resolución de la Defensoría del Pueblo de la Nación postula que “es fundamental crear o reforzar la conciencia colectiva sobre el concepto de humedal, para revalorizar esa riqueza de nuestro medio natural, en la perspectiva de los servicios que prestan a la naturaleza y a la sociedad”.
“Una región de humedales no es equiparable, ni geográfica, ni demográfica, ni económica, ni culturalmente, a las otras regiones continentales urbanas o rurales. Esto que parece evidente no lo es tanto si se recuerda que, para las intensas prácticas desarrollistas, todavía vigentes en el segundo tercio del siglo pasado, la mayor parte de lo que hoy se define como humedales, se los consideraba pantanos insalubres y deberían de haber sido rellenados para adecuarlos a la agricultura o asentamientos humanos”, agrega el dictamen.
Finalmente, sostiene que el conjunto de humedales del Delta del Paraná “componen un ecosistema frágil extraordinariamente sensible a la intervención de la ingeniería humana” y considera “altamente alentadoras las diversas propuestas de declarar a toda la región como zona protegida”.
En Punta Canal (Tigre), un grupo de originarios se resiste al avasallamiento de un yacimiento arqueológico.
