Termoeléctricas: La Cámara Federal de San Martín le dio luz verde a APR Energy

Los ambientalistas y vecinos autoconvocados de Villa Rosa y Matheu recibieron este miércoles una muy mala noticia: la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín le dio luz verde a la reactivación de una de las dos cuestionadas centrales termoeléctricas instaladas a la vera de la ruta provincial 25, en el límite de ambas localidades

En su fallo, la Sala II del tribunal resolvió “desestimar la acción preventiva de daño promovida, por inexistencia de ‘caso’ o ‘causa’” a través de la cual el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, había ordenado paralizar el pasado 30 de noviembre las obras en la planta de APR Energy S.R.L hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo: si las usinas son contaminantes, como entienden los vecinos, o no, como aseguran desde las empresas.

Entre sus argumentos, los habitantes de la zona habían hecho referencia al cambio de zonificación aprobado en julio de 2017 por el Concejo Deliberante de Pilar, por el cual se permitió instalar industrias de clase “3” -las potencialmente más peligrosas- en un área históricamente residencial.

Además, expusieron el temor por las emanaciones de gases invernaderos a la atmósfera, el uso intensivo del agua de pozo -acuífero Puelche- y los ruidos molestos.

Desde las empresas -la otra es Araucaria S.A.-, en tanto, siempre aseguraron que se trata de plantas que solo estarán en funcionamiento en momentos de alta demanda de electricidad para abastecer a gran parte del Conurbano, que funcionarán a gas natural y que el gasoil, que además es bajo en azufre, solo se usaría como respaldo en caso de que caiga la presión de gas.

También informaron que se colocarán paneles insonorizantes y que el uso del agua no será de la magnitud que señalan los vecinos -más de 5 millones de litros diarios-, ya que funcionan con circuitos cerrados que reutilizan el vital suministro.

Sin embargo, ante el presunto riesgo y la mediatización que alcanzó la problemática a fines de 2017, Charvay hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los vecinos y frenó las obras. Lejos de quedarse de brazos cruzados, ambas compañías apelaron el fallo y ahora, finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín se expidió a favor, por lo pronto, de APR Energy.

La sala II señaló que “no hay prueba concreta del presunto daño que causaría APR” -al menos hasta el momento-, manifestó que el principio precautorio debe aplicarse con «razonabilidad» y subrayó que son varios los organismos que adelantaron que solo se permitirá que la planta trabaje «si se ajusta a la legislación vigente».

«No puede soslayarse que, en el caso, los accionantes se limitaron a invocar un perjuicio que aparece como remoto o conjetural, al fundarse en los eventuales daños que podría ocasionar el funcionamiento de la termoeléctrica Central Matheu II”.

“No puede perderse de vista que el OPDS dejó establecido que la obra quedaba condicionada al estricto cumplimiento de los requisitos, la Autoridad del Agua indicó qué cuestiones debían cumplirse y el Concejo Deliberante de Pilar, a través de la resolución 865, requirió también el cumplimiento de diversas cuestiones, lo que da clara muestra que a la fecha la Central Termoeléctrica todavía no se encuentra habilitada para funcionar», expusieron en los considerandos los integrantes de la Cámara, Alberto Lugones y Juan Pablo Salas, en el escrito firmado el 16 de mayo.

De esta forma, aunque todavía no pueda encender sus turbinas y generar los 227 megavatios permitidos, todo indica que la planta de APR Energy está cada vez más cerca de ganar esta larga batalla judicial.

La respuesta vecinal

Ni bien se enteraron del fallo judicial en su contra, los vecinos y ambientalistas que vienen llevando adelante la cruzada contra las termoeléctricas anunciaron, mediante un comunicado en sus redes sociales, que apelarán la resolución de la Cámara Federal de San Martín, al tiempo que consideraron el levantamiento de la cautelar como arbitrario.

«Consideramos que la sentencia es poco clara, insuficiente, notoriamente arbitraria y contraria a los principios de derecho ambiental, que son de aplicación obligatoria. Por tal motivo recurriremos de forma extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación», señalaron conjuntamente desde la Asociación Civil Juvevir (Junta Vecinal Villa Rosa) y la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, quienes, a pesar de este duro golpe, aseguran que no van a tirar la toalla.

Por Damián Fernández