La empresa dejó en la calle a diez empleados. Desde el sindicato afirman que fue sin causa y acusan a sus dueños de perseguir a los trabajadores. Además, advierten que la fábrica podría cerrar y “más de 240 familias” quedarían desocupadas.
La empresa dejó en la calle a diez empleados. Desde el gremio afirman que fue sin causa y acusan a sus dueños de perseguir a los trabajadores. Dicen que la fábrica podría cerrar y “más de 240 familias” quedarían desocupadas.
Horas de tensión, malestar y preocupación se viven en la planta de la empresa Alijor, radicada en el parque industrial CIPO de la localidad de Garín, donde más de un centenar de trabajadores se manifestaron este jueves para solicitar la reincorporación de una decena de operarios.
Bajo el calor del fuego de una olla popular y con una pancarta colgada en el portón de la fábrica, ubicada sobre la Colectora Oeste, a la altura del kilómetro 37,5 de la Panamericana, los trabajadores denunciaron el reciente despido “sin causa” de diez empleados.
Entre los trabajadores afectados por la medida se encuentran varios miembros de la comisión interna, lo cual “es totalmente ilegal, porque tienen fuero gremial”, indicaron fuentes sindicales.
El conflicto se agudizó aún más porque la empresa “no quiere pagar las indemnizaciones” de los obreros cesanteados, según el relato de los propios manifestantes. Además, advirtieron que la planta podría cerrar y, de esa forma, “más de 240 familias” quedarían en la calle.
Ante semejante panorama, el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) se vio obligado a salir en defensa de sus afiliados. Y lo hizo a través de un fuerte comunicado, en el que denuncia a la empresa por “hostigamiento”, además de señalarla como la responsable de una “maniobra de persecución y maltrato” que tuvo como resultado “el despido de diez compañeros”.
“El STIA se encuentra realizando las gestiones pertinentes para que la empresa se ajuste a derecho, se reincorpore a los compañeros despedidos y se garanticen las fuentes de trabajo de las compañeras y compañeros de Alijor”, concluye el escrito.
Al respecto, se informó que la empresa Alijor S.A. abrió la puerta a sus trabajadores el día de la protesta, pero no permitió el ingreso de los delegados, congresales ni miembros del consejo directivo del gremio. Situación que fue subsanada el viernes 3, a partir de las denuncias que el STIA realizó en el fuero penal y en la Secretaria de Trabajo, donde este lunes se iba a realizar una audiencia por los diez trabajadores despedidos.
Más allá de las maniobras denunciadas por el sindicato y los trabajadores, que incluyen la sospecha de un “lock out patronal”, el germen de este conflicto es uno solo y está a la vista de todos: la crisis económica que atraviesa el país, la cual no da tregua y sigue castigando a los sectores más vulnerables.
Es la segunda vez en un año que la situación de Alijor es noticia nacional. En abril de 2018 hubo una protesta de trabajadores por atrasos en los pagos y también en esa oportunidad se mencionó la posibilidad de que la empresa cierre sus puertas. Pero los directivos negaron esa versión, aunque admitieron problemas financieros.
Detrás del slogan “calidad artesanal y sabores tradicionales” se erige una gran empresa familiar fundada en 1989 por “capitales 100% nacionales”, según consigna en su sitio web.
En su planta de Garín, emplazada en el parque industrial CIPO, Alijor elabora y comercializa los populares productos panificados La Salteña, así como también sus tradicionales tapas de empanadas y pascualinas.
En la actualidad, produce en promedio 1,8 millones de panes, 1 millón de tapas de pascualina y 200.000 kilos de pastas por mes, lo cual la convierte en una de las empresas líderes del rubro en el mercado argentino.
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