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A instancias de una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo de Escobar, el Juzgado Federal de Zárate-Campana ordenó a Edenor y Gas Natural retrotraer los precios y compensar a los usuarios por los montos que pagaron.
El Juzgado Federal de Zárate-Campana ordenó que los aumentos tarifarios en los servicios de electricidad y gas queden sin efecto para los usuarios del partido de Escobar. Y no solo eso: también obligó a las empresas Edenor y Gas Natural a reintegrar los montos adicionales percibidos y retrotraer los valores de sus servicios a los vigentes hasta principios de este año.
La disposición del juez federal Adrián González Charvay surgió a partir de un recurso de amparo promovido por la Defensoría del Pueblo de Escobar, a cargo de la abogada Rocío Fernández. Entre sus fundamentos, el magistrado consideró “por demás excesivos” los incrementos tarifarios y ordenó a Edenor y Gas Natural suspender “la aplicación de los incrementos de tarifas”.
A su vez, González Charvay exigió a ambas empresas que liquiden las facturas de los usuarios con domicilio en el partido de Escobar “a los valores vigentes con anterioridad al aumento”, según indicaron desde la Defensoría. Y, también, “compensar a los usuarios que hubieran pagado las facturas con aumento reintegrando los montos ‘a cuenta’”.
“La medida comprende también las boletas que se emitan en lo sucesivo, las que no deberán incluir el aumento previsto en la Resolución I/2016 de ENRE e I/3725/2016 de Enargas”, señalaron desde el organismo.
“Se ordenó devolver a los usuarios los montos abonados, refacturar y abstenerse de efectuar cortes. La semana que viene veremos los pasos a seguir. Es importante que el vecino se acerque a la Defensoría con las facturas”, expresó Fernández apenas conocida la resolución del juez.
La noticia se conoció casi simultáneamente con un fallo de la Cámara Federal de La Plata, que este jueves declaró “nula”» las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que dispusieron un aumento en la tarifa del servicio de gas.
La disposición, que hizo lugar a un recurso presentado por la asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), tendría alcance nacional.
