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Postura. Fernández señaló que la Constitución reconoce como «sujetos de derecho» a las personas con discapacidad.
La defensora del Pueblo de Escobar cuestionó con firmeza la controvertida medida adaptada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Además, vaticinó que la vulneración de este derecho derivará en una lluvia de amparos.
Ante la escandalosa quita de pensiones a personas con discapacidad, la defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, cuestionó fuertemente la medida adoptada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a la que calificó de “inconstitucional”.
En virtud de las suspensiones y bajas de pensiones a personas con discapacidad, los ombudsman de todo el país manifestaron unánimemente su preocupación a la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), de la cual Fernández es secretaria general.
Desde ADPRA pidieron reunirse con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para manifestarles la necesidad de dejar sin efecto la aplicación del decreto 432/97, por considerarlo inconstitucional y lesivo de los derechos de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Los defensores del Pueblo solicitaron la inaplicabilidad del procedimiento y que se retrotraigan las medidas adoptadas con miles de beneficiarios, respetando lo dispuesto por la Constitución Nacional en relación a que “las personas con discapacidad son sujeto de derechos, y no objeto de asistencialismo”.
Fernández afirmó que la aplicación del controvertido decreto es “inconstitucional a la luz de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que desde el año 2014 ha sido ratificada por el Congreso y goza de jerarquía constitucional”.
“Ante el análisis de dicha norma superior, observamos el cambio de paradigma en torno a las personas con discapacidad; es decir, se las reconoce como sujeto de derecho, perdiendo el carácter de objeto de asistencialismo por parte del Estado», señaló.
En cuanto al argumento oficial de que había miles de beneficiarios de pensiones que no reunían todos los requisitos, la funcionaria aclaró que “en el supuesto de verificarse una irregularidad en el otorgamiento, el Estado debe notificar fehacientemente al beneficiado la situación a los efectos de que el mismo tenga oportunidad de ejercer su derecho de defensa».
Fernández también advirtió que “si el Estado nacional persiste con esta medida, irremediablemente habrá una masividad de amparos en resguardo de los derechos de este universo de ciudadanos”.
Las personas que vivan en el partido de Escobar y necesiten hacer alguna consulta al respecto o hayan sufrido la pérdida de su pensión pueden dirigirse a las nuevas oficias de la Defensoría, sitas en la calle Estrada 633, entre Asborno y Mitre, en Belén de Escobar, o bien comunicarse a los siguientes teléfonos: (0348) 442-0177, 443-0493 ó 0800-555-3367.
