Rocío Fernández: “El aumento en las tarifas debe subordinarse a las paritarias”

Del miércoles al viernes, la defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, participó del plenario de Defensores del Pueblo de la República Argentina, realizado en la ciudad de Viedma, donde reclamó que el incremento en las tarifas de los servicios públicos esenciales “debe subordinarse a las paritarias de cada gremio”.

“Esto es a fin de que los trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas puedan mantener el valor adquisitivo de su salario y no ingresar en la pobreza energética», argumentó la funcionaria escobarese, al mismo tiempo que disparó contra la insensibilidad del gobierno nacional: «Por el bien de todos, esperamos que pueda ver, de una vez por todas, esta demanda de la sociedad”.

“Los números que plantea el Ministerio de Energía sólo van a cerrar con la gente adentro del esquema. Cuando se plantean políticas públicas de exclusión, la historia nos demuestra que al final no cierra nada», exclamó la también secretaria general de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

Durante el plenario, organizado por la Defensoría del Pueblo de Río Negro, también se insistió con la necesidad de ampliar la tarifa social, en especial a las familias en situación socioeconómica vulnerable. A su vez, se solicitó enérgicamente la implementación de tarifas regionales y especiales para empresas según la modalidad de producción.

En el marco de una política de equidad, “la tarifa debe aplicar aumentos para quienes consuman residencialmente gas y luz en exceso, y teniendo una capacidad económica superior como grupo familiar”, señaló Fernández. Teniendo en cuenta esto, los defensores del pueblo de todo el país trazaron dos líneas de trabajo.

Por un lado, una política de promoción y concientización en el uso racional de la energía con intervención del Estado para promover la sustitución de electrodomésticos, la instalación de paneles solares, la impermeabilización y el aislamiento de las viviendas, bajo los principios de uso de energía renovable, eficiencia energética, construcción sostenible y movilidad eléctrica y alternativa.

Por otro, la concreción de un Plan Nacional de Desarrollo Energético, elaborado entre el gobierno y las fuerzas políticas, “que se convierta en política de Estado y que trascienda una gestión de gobierno, con amplia participación de todos los sectores, instituciones públicas y privadas con injerencia en el tema, trabajadores, empresarios, organizaciones no gubernamentales, universidades y Defensorías del Pueblo”, concluyeron.

Por último, Fernández instó a los entes reguladores a cumplir el rol que les corresponde, “que es el control de las empresas concesionarias de servicios públicos en sus inversiones y obras y la defensa irrestricta de los usuarios”.

“Proponemos como objetivo la eliminación en toda la República Argentina de la pobreza energética, entendida como la falta de acceso al agua potable y a la red cloacal y a la no afectación de más del 10 por ciento de los ingresos familiares para el pago de los servicios públicos”, sentenció.