Rocío Fernández consideró “insuficiente” el decreto para la prórroga de los alquileres

En el marco de la emergencia pública por la pandemia de Covid-19, la presidencia de la Nación determinó la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos y el congelamiento de precios de alquileres hasta el 30 de septiembre, a través del Decreto 320/20.

Con motivo de analizar la aplicación y el alcance de esa disposición, este jueves se llevó a cabo una reunión de trabajo remota de la que participaron varios funcionarios nacionales y la defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, en su carácter de presidenta del Consorcio de Defensores del Pueblo Municipales de la provincia de Buenos Aires y secretaria general de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

Sobre su participación en el encuentro, la funcionaria escobarense planteó «la necesidad de un mejoramiento de la norma, en el entendimiento de que en estos términos resulta insuficiente».

Al respecto, Fernández sostuvo que «se debe contemplar: autoridad de aplicación competente, disposiciones sancionatorias en caso de incumplimiento y la fijación de nuevos plazos».

Asimismo, exigió la implementación de una «política pública habitacional» que incluya «la finalización de obras de viviendas, como las de Maquinista Savio», en alusión al plan federal de 274 unidades habitaciones anunciado en 2009 y que aún está a la deriva.

De la videoconferencia también participaron la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), Victoria Donda, junto a funcionarios y asesores del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y del Ministerio de Justicia de la Nación.