La defensora del Pueblo de Escobar realizó fuertes declaraciones a la salida de una reunión con autoridades del Enargas. Cuestionó que el ente regulador “está anclado en defender la posición de las empresas y no a los usuarios”.
La defensora del Pueblo de Escobar realizó fuertes declaraciones a la salida de una reunión con autoridades del Enargas. Cuestionó que el ente regulador “está anclado en defender la posición de las empresas y no a los usuarios”.
Ante la sucesión de aumentos tarifarios y la inminencia de un nuevo incremento en el costo del gas, la defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, formuló fuertes declaraciones y acusó al Estado Nacional de dejar librado el precio de los servicios básicos al arbitrio del mercado.
Fernández, quien también es secretaria general de la Asodiación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), participó este martes de una reunión con la Presidencia y la Gerencia de Regulación y Gestión Comercial del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a los efectos de tratar el Registro de Beneficiarios de Tarifa Social, el régimen tarifario específico para entidades de bienes públicos y régimen para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME).
Al salir del encuentro, la funcionaria escobarense sostuvo que «una vez más, no se puede llegar a nada”. Y enfatizó: “Es una vergüenza verificar que el Enargas, como Órgano Autárquico de la Nación, no incide en defensa de los usuarios de este servicio público esencial”.
Por su parte, el presidente del Enargas, Mauricio Roitman, planteó que el valor del gas en boca de pozo (BTU) será fijado en una subasta pública a realizarse el jueves y el viernes, afirmando que “salvo que exista algo extraño que el Enargas deberá demostrar, el valor que surja de la subasta realizada irá a tarifas”, según dio a conocer la Defensoría del Pueblo de Escobar en un comunicado.
“Esta nueva posición por parte del Enargas constituye un nuevo paso en el retiro del Estado Nacional en la composición de tarifas», detalló Fermández. Y remarcó que «el gas en boca de pozo tiene una incidencia de alrededor de 40% de la facturación total y ese precio se pretende que sea fijado en subasta pública, la cual está arreglada por las leyes del mercado de oferta y demanda y trasladada a la composición final de la tarifa”.
En este sentido, la defensora del Pueblo de Escobar apuntó que «el costo no puede estar fijado por el mercado, porque de ser así el ente como tal no tendría razón de ser. Están anclados en defender la posición de las empresas, dejando totalmente desvalido al usuario y llevándose puesto todo el andamiaje jurídico”.
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