Realizan estudios ambientales en las inmediaciones de las termoeléctricas

Aunque momentáneamente se encuentran inactivas por fallos judiciales de primera instancias, las dos centrales termoeléctricas construidas sobre la ruta 25, en el límite entre las localidades de Villa Rosa y Matheu, siguen siendo una preocupación para los vecinos y un objeto de análisis por parte de especialistas y autoridades interesados en el impacto ambiental que estos emprendimientos puedan causar.

En ese contexto, especialistas de la Universidad de San Martín y del laboratorio ambiental Pehuén se acercaron a las inmediaciones de las termoeléctricas para determinar la calidad del agua, el estado del aire y la medición del nivel sonoro ambiental.

La idea es que con estas muestras sea posible elaborar un registro de base con todos los valores actuales.

En primer lugar, se hicieron relevamientos de aire y de ruido mediante equipos especiales instalados en el barrio Parque Matheu, y en el exterior de un comercio ubicado en la intersección de la ruta 25 y la calle Alborada, que separa a los municipios de Escobar y Pilar.

También se tomaron muestras en el arroyo Burgueño, a la altura del barrio cerrado Campo Chico, para establecer si se produjo algún tipo de alteración en la composición del agua.

Los estudios se complementarán durante los próximos días, cuando se llevarán a cabo nuevas mediciones en el acuífero Puelche con el fin de determinar si se está haciendo uso del recurso hídrico subterráneo y si se vuelcan desechos industriales, a pesar de la restricción judicial que pesa sobre las empresas.

Junto a los especialistas también participaron, en representación de la Municipalidad de Escobar, un equipo compuesto por los directores de Medio Ambiente, de Inspección de Industria y de Inspección de Comercio.

Paralelamente, vecinos autoconvocados de Matheu y Villa Rosa se presentaron esta mañana ante la Cámara Federal de San Martín, donde llevaron un escrito para solicitar que se desestime la apelación de la medida cautelar dispuesta por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que ordenó paralizar las obras, suspender las pruebas y prohibir la actividad de las centrales energéticas.