Es porque un ex candidato Cambiemos la acusó de amenazas y de hacerle firmar un pagaré para integrar la lista. Impulsada por el FPV y el FR, la citación al HCD podría significar el primer paso para removerla del cargo, en el que está desde 2009.
En la cuerda floja. Rocío Fernández tiene mandato hasta 2017, pero podrían desbancarla.
Es porque un ex candidato a concejal de Cambiemos la acusó de amenazas y de hacerle firmar un pagaré para integrar la lista. Impulsada por el FPV y el FR, la citación podría significar el primer paso para removerla del cargo.
Los concejales del kirchnerismo y del Frente Renovador se pusieron de acuerdo y presentaron en forma conjunta este miércoles un proyecto de resolución para citar al Concejo Deliberante a la defensora del Pueblo de Escoba, Rocío Fernández. Es para que la funcionaria ofrezca explicaciones sobre su conducta y haga su descargo respecto a la denuncia presentada en su contra por un ex candidato a concejal de Cambiemos, Walter Rodríguez, quien la acusó de amenazas y de hacerle firmar un pagaré para figurar en la lista.
El proyecto se tratará el próximo miércoles y es un hecho que será aprobado, ya que cuenta con el apoyo de 18 de los 22 concejales que integran el cuerpo. La fecha de citación es el 4 de noviembre, a las 9, y podría marcar el principio del fin para Fernández. Si bien tiene mandato hasta 2017, el episodio la dejó muy mal parada y no sería descabellado que esta convocatoria sea el primer paso para llevarla a renunciar o bien removerla del cargo, lo cual es facultad del Concejo Deliberante.
El pedido de comparecencia se basa en la Ordenanza 4597/08, que dio marco a la creación y a la reglamentación de la Defensoría del Pueblo. En ella se prohíbe a quien ejerza el cargo “realizar proselitismo o acción política” e incurrir “propiciar o consentir actos incompatibles con las normas de moral, urbanidad y buenas costumbres”.
En su denuncia ante la fiscalía de Escobar, Gutiérrez afirma que Fernández le hizo firmar un pagaré por $300.000 para estar en la lista de concejales y le advirtió que si renunciaba ella contrataría a un grupo de personas para «cortarle las piernas».
Además de las amenazas, la denuncia fue caratulada con la figura de “exacciones ilegales”, la cual castiga al funcionario público que en uso abusivo de su cargo solicite, exija o haga pagar o entregar en forma indebida, ya sea en forma personal o por otra persona, un derecho, una contribución, una dádiva, o cobre más derechos que los que correspondan abonar. La pena es de uno a cuatro años de prisión más entre uno y cinco años de inhabilitación especial.
Por supuesto, el bloque de concejales del macrismo no adhirió a la presentación -es de suponer que en la sesión se abstendrá o votará en contra- y lo que resta saber es si Fernández aceptará concurrir.
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