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El organismo difundió un resumen de lo actuado en 2009. El freno al aumento de Gas Ban fue su más destacada intervención. Pero hubo más en su agenda.
Rocío Fernández junto al Defensor del Pueblo de la Nación, tras firmar un convenio.
En una inesperada pero saludable decisión, la Defensoría del Pueblo de Escobar dio a conocer a la prensa una síntesis genérica de su primer año de actuación, donde repasa algunos de los principales hechos institucionales e intervenciones que protagonizó durante 2009.
Puesta en marcha a comienzos de ese año, la Defensoría del Pueblo de Escobar nació con el objeto de “defender, promover y proteger los derechos e intereses legítimos individuales y colectivos, consagrados por la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la legislación vigente de los habitantes del partido de Escobar, frente a actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Municipal, de sus entes, organismos, dependencias descentralizadas y las concesionarias de servicios públicos o privados nacionales, provinciales o municipales, que comprometan los referidos derechos e intereses” (ordenanza 4597/08).
Durante estos doce meses, los asuntos más importantes y frecuentes que se denunciaron en su sede de Don Bosco 851 correspondieron a las siguientes áreas: educación, medio ambiente, violencia familiar, conflictos vecinales, servicios públicos (Edenor, Gas Ban, ABSA), salud y obras sociales (PAMI, PROFE, IOMA), ARBA, servicios y tasas municipales, según el resumen difundido por el organismo que preside la abogada Rocío Fernández.
Fernández, junto al ex Jefe de Gabinete, Walter Blanco, en el plenario de ADPRA.
Sobre todas estas cuestiones, no hay dudas que la intervención más sobresaliente de la Defensoría fue la presentación de un recurso de amparo que frenó el ajuste tarifario del servicio de gas. Sin embargo, la cuestión sigue en litigio, ya que tras la revocación de la Cámara Federal de San Martín se encuentra pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso extraordinario incoado por Fernández.
En otro orden, también se destacan sus gestiones ante la Procuradora General de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, a quien solicitó la creación de una Defensoría Civil en Escobar para atender “el grave conflicto de la trata de personas”.
En el plano institucional, el balance de 2009 subraya como acontecimientos más trascendentes los convenios firmados con la Defensoría del Pueblo de la Nación -en julio- y con la Defensoría del Pueblo de Bolivia -en noviembre-, así como su incorporación a la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, lo que le permitió erigir a Escobar en sede de su segundo plenario anual.
