Festejada como una conquista pero con moderación, los vecinos de Villa Alegre consiguieron este miércoles que el Municipio se comprometa a participar en una mesa de diálogo para tratar de resolver el problema habitacional por el que vienen reclamando desde hace dos meses, tras haber sido desalojados de un predio de dos hectáreas donde se habían asentado a mediados del año pasado.
El compromiso fue asumido por el secretario de Gobierno, Horacio Bozzano, quien recibió en su despacho a tres representantes de los más de cincuenta vecinos que a media mañana se movilizaron pacíficamente hasta el Palacio Municipal para entregar un petitorio.
En un acta que selló la reunión, Bozzano aseguró que la Comuna participará de una mesa de diálogo a la que también serán invitados organismos nacionales, provinciales y el dueño del predio. El ámbito previsto para este encuentro es la Defensoría del Pueblo de la provincia, a la que los vecinos dieron intervención a través del Servicio de Paz y Justicia.
Una posible solución al conflicto que plantean los vecinos es mediante un “convenio de urbanización”, una herramienta que -aseguran- ya se implementó con buenos resultados en Lanús, Avellaneda, Quilmes, La Plata y otros municipios. Consiste, básicamente, en que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación transfiera al Municipio los recursos para adquirir las tierras. Sobre esta propuesta, el funcionario municipal les dijo que “si el convenio es viable, el Municipio llevará a cabo las gestiones necesarias para realizarlo”.
Un tercer y último punto que los vecinos expusieron a Bozzano tiene que ver con la seguridad de las familias que aún hoy pasan sus días en el predio y que dicen haber sido reprimidas con balas de goma y gases lacrimógenos por personal de la comisaría 1ra, en procedimientos realizados sin mediar motivo ni orden de desalojo. Al respecto, el secretario de Gobierno les dio garantías de que el Municipio custodiará “que todo se haga legalmente”.
Más que conformes con los resultados de la audiencia, los vecinos, apoyados por representantes de organizaciones sociales y de izquierda, marcharon luego por la calle Estrada hasta llegar a la Defensoría Oficial, en la calle Alberdi. Allí también consiguieron su objetivo: que les asignen un letrado para seguir la evolución del expediente judicial en la fiscalía.