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Inactivo. El buque regasificador de Escobar lleva tres meses sin operar por la clausura judicial.
El Secretario de Energía de la Nación planteó a la Justicia Federal “la imperiosa necesidad” de esta medida. Advirtió el riesgo de desabastecimiento en invierno y el impacto económico y ambiental que tendría sustituir este suministro.
El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, reclamó formalmente este miércoles el inmediato levantamiento de la clausura del puerto regasificador de Escobar, al tiempo que advirtió sobre las múltiples consecuencias negativas que tendría para el país el cese de operaciones de la terminal instalada en 2010 a orillas del río Paraná de las Palmas.
En la presentación ante el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Federal Adrián González Charvay, el titular de la cartera energética resaltó que “a través del análisis de los volúmenes de producción e importación de gas natural, conjuntamente con las previsiones de consumo para el corriente año, resulta evidente la imperiosa necesidad de que se produzca el levantamiento de la clausura en forma inmediata para asegurar el abastecimiento de las necesidades energéticas nacionales durante la época invernal, teniendo en cuenta que su fluido se inyecta directamente en los centros de consumo del país”.
A lo largo de su escrito, el secretario de Energía realizó un puntilloso análisis técnico de los graves efectos que tendría sobre el abastecimiento en invierno a la demanda de gas natural del país el mantenimiento de la clausura judicial que determina la indisponibilidad operativa de la terminal de Escobar.
“La estrategia del Estado Nacional desde la Secretaría de Energía es apuntalar con esta presentación las acciones judiciales que viene realizando YPF, propietaria de la terminal, que opera en sociedad con IEASA (ex Enarsa), a la que se sumarán otras presentaciones, informes y peritajes, que producirán y presentarán otros organismos como Enargas, IEASA y la propia YPF”, resaltó la Secretaría en un comunicado.
Además de un análisis de la estimación de la demanda, el informe explica el efecto que esta situación generaría en términos de costos generales para la economía nacional y los usuarios, así como el daño ambiental que generaría la utilización desmesurada de combustibles líquidos en reemplazo del gas faltante.
Martínez reclamó al juez que “es imprescindible el levantamiento de la clausura y plena actividad de la terminal regasificadora, ya que de lo contrario se produciría ineludiblemente la utilización extrema de combustibles líquidos altamente contaminantes, con correlativo y desmesurado costo adicional de divisas y pasivos ambientales”.
También sostuvo que “simultáneamente, se pondría en riesgo el sistema de abastecimiento nacional y el servicio público de gas por redes, generándose un costo fiscal no previsto en el presupuesto e imposible de afrontar por el Tesoro Nacional, como asimismo un costo de la energía inalcanzable para los usuarios y la actividad económica nacional”.
Urgencia. El secretario de Energía, Darío Martínez, pidió la reapertura inmediata del regasificador.
La terminal de Escobar está clausurada desde el 17 de octubre de 2020 por decisión del Juzgado Federal de Campana (ver nota acá), que hizo lugar a una demanda firmada por una vecina que afirmó que existe una “situación de peligro de muerte urbana masiva por estrago de incendio o explosión del Gas Natural Licuado (LNG)”.
IEASA tiene que licitar en febrero la primera tanda de cargamentos de LNG para reforzar la oferta de gas para el invierno. Es complejo, incluso legalmente, realizar ese concurso internacional sin visibilidad acerca de lo que sucederá con la terminal de Escobar. Más cuando aún no está definido si se recontratará el barco regasificador de Bahía Blanca. Desde lo técnico existe en el gobierno un consenso generalizado sobre la necesidad de reinstalar ese barco.
El buque regasificador de Escobar es el único que quedó luego de que el gobierno anterior despidiera el que estaba en Bahía Blanca. Ahora, en momentos de caída de la producción local y luego de que Bolivia se comprometiera a exportar menos gas, el abastecimiento por Escobar se vuelve aún más estratégico, señalan en la Secretaría de Energía.
«Estamos haciendo peritajes para que se levante la cautelar. El buque está emplazado en Escobar hace 10 años y jamás hubo un problema», enfatizan en el Gobierno.
Durante el invierno pasado, en los meses de junio, julio y agosto, por Escobar ingresaron en promedio 16,6 millones de metros cúbicos día (m3/d) de gas, con valores máximos de 22 millones. Esto representó alrededor de un 12% del total de gas natural recibido en los sistemas de transporte durante ese período, según explica una misiva que le envió el Enargas a la Secretaría de Energía.
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Argumentos de la presentación
El documento presentado por Darío Martínez indica que la falta de operatividad de la terminal de Escobar generaría las siguientes consecuencias negativas durante el invierno de 2021:
*En junio y en julio, los consumos adicionales de combustibles alternativos superarían la máxima cantidad de líquidos consumidos en centrales en la última década y no se cuenta en el sistema eléctrico con la capacidad para sustituir toda esa cantidad de combustible durante tanto tiempo sostenido (más de 60 días).
*El desbalance de oferta y demanda conduciría a una situación de emergencia en el mercado de gas, generando no solo un riesgo considerable de cortes en el servicio de gas natural, sino que, además, se producirían interrupciones del servicio eléctrico por falta de generación durante extensos horarios en varios días de los meses invernales.
*Hay riesgo para el abastecimiento de gas natural, inclusive de la demanda prioritaria (Residenciales, Servicio General P1, P2 y P3 Grupo III), el cual la regulación vigente obliga a proteger y cuyo servicio no debería ser interrumpido por los problemas de seguridad del abastecimiento y de salud pública que ello conllevaría, máxime de continuar las actuales circunstancias dentro del contexto pandémico.
*Existirá un considerable sobrecosto para el sistema energético. El costo monómico de la electricidad aumentaría en 4,6 USD/MWh e implicaría, como mínimo, una erogación adicional de 600 millones de dólares anuales de divisas por la importación de combustibles más caros y contaminantes con una proporción equivalente incremental para el fisco en términos de subsidios a la electricidad.
*Además, la interrupción del funcionamiento de la planta de regasificación podría afectar el pago de los costos fijos que se derivan de la contratación de la terminal de Escobar (alrededor de US$ 100 millones al año) y los costos de personal provenientes de la operación propia de la terminal.
*Los datos del presente han sido producidos por la Subsecretaría de Planeamiento Energético dependiente de esta Secretaría, en función de la información aportada por todos los sectores del país vinculados con el tema.
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