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En discusión. La ombudsman local participó de la audiencia pública por los aumentos previstos en el servicio.
Rocío Fernández afirmó que el incremento tarifario que la empresa quiere aplicar a partir de abril “vulnera los principios establecidos por la Corte”. Además, denunció aumentos de más de 1000% en algunos rangos.
La Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, participó este viernes de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en la que cuestionó el nuevo incremento tarifario solicitado por las empresas distribuidoras a partir de abril.
“La propuesta es contraria a los principios establecidos por la Corte Suprema”, argumentó la abogada en relación al fallo del máximo tribunal en el que se solicitara la no confiscatoriedad, la previsibilidad, la certeza, la proporcionalidad, la gradualidad y la razonabilidad a la hora de elevar las tarifas.
“Si bien era necesaria una readecuación tarifaria, durante 16 años las empresas recibieron subsidios; es decir, que tampoco sufrieron pérdidas. Lo cierto es que desde que se inició este proceso, se constata para el caso de usuarios R1 un incremento tarifario del 1083%, lo que resulta claramente irrazonable”, afirmó quien también es secretaria general de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).
Ese tipo de usuarios -los de consumo básico- sufrirán un aumento del 44% en sus facturas, mientras que los de las categorías R3-4 deberán pagar el metro cúbico de gas un 30% más caro.
“¿Cómo podemos considerar razonable un aumento del 40% semestral, cuando se plantean paritarias anuales que rondan el 15%?”, cuestionó Fernández. A su vez, señaló que los aumentos tarifarios deben contemplar los resultados de las discusiones paritarias que fijen la suba de salarios y jubilaciones: “De lo contrario, el acceso a los servicios públicos será reservado solo a una parte de la sociedad”, manifestó.
Por otra parte, la ombudsman local afirmó que la tarifa social del gas “es una ficción”, ya que las personas beneficiadas solamente reciben un bloque de 500 metros cúbicos anuales gratis, otro bonificado al 75% y el excedente lo tienen que abonar completo con un cargo fijo.
“Los que la reciben son quienes están en mayor estado de vulnerabilidad en nuestra sociedad por diferentes razones y, en general, requieren el consumo de este servicio. Ya hemos observado usuarios de las mismas que no tienen capacidad de pagarlas”, agregó.
Por último, la Defensora del Pueblo de Escobar expresó la postura de ADPRA al respecto en la que se pide una mesa de diálogo entre las distintas partes para discutir la propuesta de una tarifa plana previsible, declarar la garrafa como un servicio público esencial y la eliminación del cargo fijo en las facturaciones de los usuarios beneficiarios de la tarifa social.
