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Los empleados que demandaron al Municipio son Angel Arbelo, Stella Ñamandú, Gustavo Molina y Liliana Olego.
Cuando apenas empieza a acomodarse en el despacho que hasta la semana pasada le perteneció a Sandro Guzmán, el flamante intendente interino Walter Blanco recibió una notificación del Juzgado Contencioso Administrativo de Campana que le ordena reincorporar a cuatro empleados municipales que fueron despedidos en marzo de 2009 y a pagarles todos los sueldos que no percibieron desde entonces.
EL DIA de Escobar pudo saber que la jueza Mónica Ayerbe decretó la nulidad de los decretos municipales mediante los cuales fueron cesanteados de sus puestos Angel Ramón Arbelo, Stella Ñamandú, Gustavo Molina y Liliana Olego. Por entonces, todos ellos pertenecían al desmembrado Partido Unidad Federalista de Luis Patti y ocupaban cargos en diferentes áreas.
Apenas Guzmán inició su mandato en la Intendencia, los cuatro agentes fueron trasladados a los museos de Belén de Escobar, Garín y Matheu, una suerte de aislamiento a modo de castigo.
Poco después, el jefe comunal dictó el decreto 1646/2008. En su primer artículo, la disposición disolvía la Dirección de Museos del Municipio y a los tres museos aludidos. Sin embargo, en su artículo siguiente creaba la Dirección de Investigación Histórica y Archivo, desde entonces a cargo del reconvertido ultrapattista Gustavo Issetta, que no resultó otra cosa que la Dirección de Museos con distinto nombre. Y los museos siguieron funcionado.
El decreto 1646 reubicó a todos los agentes que se desempeñaban en la Dirección de Museos en la “nueva” Dirección de Investigación y Archivo Municipal, menos a los cuatro en cuestión, quienes quedaron en disponibilidad por el término de 90 días. Finalmente, en marzo de 2009 y a través del decreto 314/2009, Arbelo, Ñamandú, Molina y Olego fueron dejados cesantes.
A partir de allí, los despedidos iniciaron una demanda contra el Municipio que fue patrocinada por el abogado Miguel Cornaglia, del estudio Sánchez-Cornaglia, otrora subsecretario de Gobierno en la gestión anterior a la de Guzmán.
En la sentencia, la magistrada interviniente entendió que los aludidos decretos se encontraban “viciados en su causa y motivación”, por lo cual los calificó de “arbitrarios e irrazonables”. Más aún, sostuvo que en el caso se configuró una “desviación de poder”, en tanto jamás hubo una disolución de los museos, que hasta hoy continúan funcionado, sino que se trató de una maniobra de “claros tintes políticos”.
Consecuentemente, la jueza ordenó a la Municipalidad reincorporar a los cuatro empleados a un cargo equivalente al que tenían al momento del cese y abonarles los salarios caídos desde marzo de 2009 hasta la fecha de su alta. Se descuenta que la Comuna intentará apelar la sentencia, por lo cual el desenlace de la historia podría demorar hasta un año más.
