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Stand by. Una medida cautelar y una carta documento acorralan a las dos empresas energéticas.
Los representantes de Araucaria Energy y APR Energy habían prometido compartir esa información con el Municipio y la Defensoría del Pueblo de Escobar. Pero pasó más de un mes y no cumplieron.
El conflicto por la instalación de dos centrales termoeléctricas en el límite entre las localidades de Villa Rosa y Matheu sumó un nuevo capítulo: las empresas todavía no presentaron el estudio de impacto ambiental solicitado hace tres semanas por el Municipio de Escobar, que ahora las intimó por carta documento a cumplir con la documentación.
La notificación legal dirigida a Araucaria Energy S.A. y APR Energy S.R.L exige la presentación de toda la información necesaria para que los equipos técnicos de la Comuna puedan establecer el impacto ambiental que causaría el funcionamiento de las usinas en relación con la emisión de gases, el tratamiento del agua, los niveles de contaminación sonora, el manejo de residuos sólidos y las medidas de seguridad y monitoreo, entre otras cuestiones.
“La gestión municipal sigue apelando a todas las herramientas procesales con el objetivo de lograr la reubicación de las centrales, emplazadas entre Villa Rosa y Matheu, en una zona densamente poblada. Hasta ahora, las empresas han incumplido con sus obligaciones legales por lo que la Municipalidad analiza los próximos pasos judiciales”, difundió el gobierno local a través de un comunicado.
El intendente Ariel Sujarchuk ya le había transmitido en la última reunión del Consorcio Región Norte 2 a su par de Pilar, Nicolas Ducoté, la preocupación y el enérgico reclamo de los vecinos matheuenses por la construcción de las dos termoeléctricas, sobre la calle Alborada.
También le solicitó que evalúe su reubicación geográfica y que “imite el ejemplo de su par de Luján, Oscar Luciani” -también de Cambiemos-, quien dispuso la paralización momentánea de la construcción de la termoeléctrica de 100 megawatts que construye la misma empresa -Araucaria- hasta que se concluya el estudio de impacto ambiental.
También la Defensoría del Pueblo de Escobar está esperando los informes de impacto ambiental que su titular, Rocío Fernández, solicitó tras reunirse el 1º de noviembre con directivos de APR y Araucaria, quienes se comprometieron a presentar la documentación requerida en el corto plazo. Sin embargo, pasó un mes y medio y aún no cumplieron.
Mientras tanto, aún se encuentra vigente la resolución del juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, quien el 31 de noviembre hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los vecinos autoconvocados y ordenó paralizar las obras en la central de APR, en atención al riesgo ambiental que podría implicar su puesta en funcionamiento.
