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A pesar de la fuerte baja registrada en el sector a nivel nacional durante 2012, el boom de la construcción no tocó ni por asomo su techo en Escobar. La modalidad de crecimiento inmobiliario adopta aquí un estilo naturalizado por las capas dominantes de nuestro país a partir de la década del ´70: al compás de la creciente ola de violencia producto de la mayor brecha económica entre ricos y pobres, sectores de clase media-alta eligen refugiarse en countries y barrios cerrados o se instalan en imponentes edificios en altura donde la vigilancia está presente las veinticuatro horas del día.
La inclinación política en este sentido se ha profundizado a partir de la labor de la actual gestión de gobierno municipal, instalada en el poder desde 2007, que, para júbilo de los inversores y especuladores inmobiliarios más poderosos de Argentina, sentó las bases jurídicas para abrir el juego a la construcción desenfrenada de emprendimientos millonarios que están modificando en gran medida el paisaje urbanístico y rural de la ciudad cabecera del distrito.
Cuando el intendente Sandro Guzmán lanzó el Plan Estratégico de Zonificación -septiembre del año 2009-, Belén de Escobar apenas contaba con un puñado de edificios a lo largo y ancho de su casco céntrico y todavía no se habían integrado al borde periurbano, de alto valor paisajístico, buena parte de las lujosas poblaciones que ocupan miles de hectáreas en zonas de humedales.
El Plan, que proporcionó fundamentalmente un marco legal para el uso, ocupación y subdivisión de las tierras “improductivas”, reconoce el boom inmobiliario de las últimas dos décadas, que afectó sobre todo a Tigre y Pilar, y establece que el motor del crecimiento poblacional del municipio de Escobar en los próximos años estará dado por el desarrollo de nuevas urbanizaciones cerradas.
A partir de ese momento sobrevolaron muestras de entusiasmo en las voces de los principales actores políticos. En diciembre de 2010, el gobernador Daniel Scioli ratificó el reordenamiento territorial del municipio, previamente aprobado por el Concejo Deliberante, y calificó a Escobar como “un lugar muy atractivo para barrios cerrados”. Por aquellos días Guzmán detalló que cinco mil hectáreas que estaban en desuso serían reservadas a la construcción de barrios privados y a parques industriales e insistió en la necesidad de aplicar el Código de Ordenamiento Urbano ante el “boom de construcciones de edificios” (EL DIA de Escobar – 29/12/2010). Al año siguiente, uno de los actuales referentes de la oposición, el entonces candidato a concejal Leandro Costa, expresó sin asombro que “cinco mil familias nuevas se instalarán en barrios cerrados en los próximos cinco años” (El Mensajero del Norte – 15/10/2011).
El principal objetivo del programa de actuación urbanística del municipio es garantizar la accesibilidad y conectividad del llamado Suburbio Verde para consolidar las áreas de clubes de campo y barrios cerrados, definir y zonificar nuevos territorios aptos para el desarrollo de futuras urbanizaciones, cuyo número ya alcanzaba los cuarenta ejemplares antes del lanzamiento del Plan Estratégico. “En los últimos diez años Escobar, junto a Pinamar, es el distrito de la provincia que más ordenanzas sancionó para modificar el uso del suelo a favor de emprendimientos residenciales de alta y baja densidad”, advertía el ex presidente de la Asociación de Arquitectos de Escobar, Víctor Berisso, a finales del año 2009.
Pese al carácter enigmático y silencioso que rodea a la construcción de estos emprendimientos privados, las delicias que ofrece el marketing para vender sus productos ha alumbrado la contradicción insalvable entre términos que reflejan sociedades desiguales, como “Nuevo Escobar” y “Nuevo Cazador” que se oponen a los tradicionales Escobar y Cazador.
Frente al rostro humillado de los escobarenses ignorados por la retórica empresarial y la connivencia del poder político de turno, una simple construcción lingüística logra ponerse al servicio del triunfo ideológico de los intereses económicos hegemónicos.
Por si hacía falta aclarar, el Plan no hace mención alguna de la crítica situación de la pobreza estructural también presente en el distrito. Miles de familias se resignan a vivir en asentamientos precarios ubicados en terrenos inundables con problemas de dominio y su vulnerabilidad trasciende los límites de lo imaginable: mientras estos humillados aguardan obtener una mejor calidad de vida prometida por los partidos políticos tradicionales en tiempos electorales, llegan a recibir a cambio balas y la destrucción de todas sus pertenencias en violentos operativos de desalojo, tal cual sucedió hace un año en el populoso barrio Villa Alegre, ubicado en la periferia de Belén.
En Tigre, distrito modelo de la actual gestión de gobierno, son continuas las quejas y reclamos de las organizaciones populares en pos de poner un freno al avance del negocio inmobiliario, que ha arrasado con los humedales y bañados de la zona y también ha violado derechos humanos, ambientales e indígenas.
Las venas abiertas de América Latina, célebre ensayo escrito por el uruguayo Eduardo Galeano, advierte sobre la triste paradoja de la civilización urbana: “la ciudad hace aún más pobres a los pobres, porque cruelmente les exhibe espejismos de riquezas a las que nunca tendrán acceso”. En consonancia con el crecimiento de la inversión y especulación inmobiliaria, el precio de la tierra se consolida por encima de su valor real en beneficio de una minoría privilegiada.
Este paquete de argumentos, junto a otros que exceden los límites del presente artículo, invita a pensar que el Plan Estratégico de Zonificación constituye un modelo de desarrollo profundamente elitista, puesto que se atiene a contemplar los intereses de los sectores de alto poder adquisitivo de nuestra sociedad y se abstiene de buscar soluciones a las necesidades insatisfechas de los actores más desprotegidos del campo popular.
Por Sebastián Furlong
seba.fg@live.com.ar
