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Luis Patti sumó otro pedido de prisión perpetua y cárcel común

La Secretaría de Derechos Humanos coincidió con la fiscalía y los abogados de Gonçalves y Muñiz Barreto.

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El ex subcomisario Luis Patti sumó este lunes un nuevo pedido de prisión perpetua por parte de otro querellante en el juicio que se le sigue por delitos de lesa humanidad, al escucharse el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Dicho alegato coincidió en su pedido de pena con la fiscalía y los abogados de los asesinados Gastón Gonçalvez y el ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto.
El abogado de la Secretaría, Ciro Annicchiarico, también entendió que las condenas en el juicio que se sigue en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín deberían enmarcarse considerando que los crímenes se cometieron como parte de un “genocidio” durante la última dictadura militar, aunque advirtió que eso es imposible de reclamar formalmente porque la figura no está tipificada en el Código Penal.
El Tribunal escuchó este lunes el alegato de la Secretaría y el final de la exposición de los abogados de la familia de Gonçalvez y Muñiz Barreto, Pablo Llonto y Ana Oberlín, quienes acusaron puntualmente a Patti de secuestrar al ex diputado en una carnicería del partido bonaerense de Escobar y a los también juzgados ex dictador Reynaldo Bignone y ex general Santiago Omar Riveros, por su posterior asesinato en un simulacro de accidente de tránsito en Entre Ríos.
Muñiz Barreto fue secuestrado y llevado en primera instancia a la seccional de Escobar, desde allí al centro clandestino de detención de Campo de Mayo y luego junto a su secretario Juan José Fernández, quien sobrevivió, fue introducido sedado a un auto para ser arrojado a un río en Entre Ríos.
Oberlín pidió a los jueces Lucila Larrandart, Héctor Sagretti y Lucía Cassain que no sean “un eslabón más” en la cadena de mentiras soportadas durante años por los familiares de las víctimas, al pedir las condenas a prisión perpetua para Patti, Bignone, Riveros, el ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini y el ex agente de inteligencia del Ejército Martín Rodríguez, este último acusado por el homicidio de Muñiz Barreto.
Además, se juzga el homicidio de Gastón Goncalvez, por el que Patti también es puntualmente acusado, y el secuestro y desaparición de los hermanos D’Amico, todos militantes de la Juventud Peronista de Escobar al momento del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
A su turno, la querellante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación volvió a pedir -al igual que los familiares de las víctimas- que si bien no está contemplado en el Código Penal, el Tribunal aluda a la figura de “genocidio” cuando emita su veredicto. ”Quedó probado en el juicio que el plan de exterminio estuvo dirigido a la destrucción de un grupo específico, delimitado” ante delitos donde “es la humanidad entera la ofendida por estos aberrantes hechos”, consideró la querella en el alegato final del juicio.
La Secretaría pidió prisiones perpetuas a cumplirse de manera efectiva y en cárcel común para Patti, Bignone, Riveros, Rodríguez y el ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, amenazas y violencia, tormentos agravados, homicidio doblemente calificado y homicidio doblemente calificado en grado de tentativa”.
Para el abogado Annicchiarico, “el motivo principal y determinante de los crímenes fue la persecución política y la persecución de ideas, matando a los opositores con el fin de implantar por medio de la fuerza otra política, otro modelo económico, otras ideas”.
El letrado remarcó que “la comisaría de Escobar formaba parte de la comunidad de inteligencia formada desde Campo de Mayo y era el primer lugar donde se llevaba a los secuestrados y se los torturaba”.
Los policías “formaron parte del plan sistemático de terrorismo de Estado” y en ese marco Patti, como oficial subinspector en Escobar “participó intensamente en la llamada ‘lucha contra la subversión’ y su función resultó ser un eslabón imprescindible dentro de la cadena represiva”.
“Obró de mano propia y permitió que la estructura operativa implementada por las Juntas Militares lograra su cometido”, concluyó la querella.

Luis Patti conocería su sentencia en marzo.

El ex subcomisario Luis Patti sumó este lunes un nuevo pedido de prisión perpetua por parte de otro querellante en el juicio que se le sigue por delitos de lesa humanidad, al escucharse el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Dicho alegato coincidió en su pedido de pena con la fiscalía y los abogados de los asesinados Gastón Gonçalvez y el ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto.

El abogado de la Secretaría, Ciro Annicchiarico, también entendió que las condenas en el juicio que se sigue en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín deberían enmarcarse considerando que los crímenes se cometieron como parte de un “genocidio” durante la última dictadura militar, aunque advirtió que eso es imposible de reclamar formalmente porque la figura no está tipificada en el Código Penal.

El Tribunal escuchó este lunes el alegato de la Secretaría y el final de la exposición de los abogados de la familia de Gonçalvez y Muñiz Barreto, Pablo Llonto y Ana Oberlín, quienes acusaron puntualmente a Patti de secuestrar al ex diputado en una carnicería del partido bonaerense de Escobar y a los también juzgados ex dictador Reynaldo Bignone y ex general Santiago Omar Riveros, por su posterior asesinato en un simulacro de accidente de tránsito en Entre Ríos.

Muñiz Barreto fue secuestrado y llevado en primera instancia a la seccional de Escobar, desde allí al centro clandestino de detención de Campo de Mayo y luego junto a su secretario Juan José Fernández, quien sobrevivió, fue introducido sedado a un auto para ser arrojado a un río en Entre Ríos.

Oberlín pidió a los jueces Lucila Larrandart, Héctor Sagretti y Lucía Cassain que no sean “un eslabón más” en la cadena de mentiras soportadas durante años por los familiares de las víctimas, al pedir las condenas a prisión perpetua para Patti, Bignone, Riveros, el ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini y el ex agente de inteligencia del Ejército Martín Rodríguez, este último acusado por el homicidio de Muñiz Barreto.

Además, se juzga el homicidio de Gastón Goncalvez, por el que Patti también es puntualmente acusado, y el secuestro y desaparición de los hermanos D’Amico, todos militantes de la Juventud Peronista de Escobar al momento del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

A su turno, la querellante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación volvió a pedir -al igual que los familiares de las víctimas- que si bien no está contemplado en el Código Penal, el Tribunal aluda a la figura de “genocidio” cuando emita su veredicto. ”Quedó probado en el juicio que el plan de exterminio estuvo dirigido a la destrucción de un grupo específico, delimitado” ante delitos donde “es la humanidad entera la ofendida por estos aberrantes hechos”, consideró la querella en el alegato final del juicio.

La Secretaría pidió prisiones perpetuas a cumplirse de manera efectiva y en cárcel común para Patti, Bignone, Riveros, Rodríguez y el ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional, amenazas y violencia, tormentos agravados, homicidio doblemente calificado y homicidio doblemente calificado en grado de tentativa”.

Para el abogado Annicchiarico, “el motivo principal y determinante de los crímenes fue la persecución política y la persecución de ideas, matando a los opositores con el fin de implantar por medio de la fuerza otra política, otro modelo económico, otras ideas”.

El letrado remarcó que “la comisaría de Escobar formaba parte de la comunidad de inteligencia formada desde Campo de Mayo y era el primer lugar donde se llevaba a los secuestrados y se los torturaba”.

Los policías “formaron parte del plan sistemático de terrorismo de Estado” y en ese marco Patti, como oficial subinspector en Escobar “participó intensamente en la llamada ‘lucha contra la subversión’ y su función resultó ser un eslabón imprescindible dentro de la cadena represiva”.

“Obró de mano propia y permitió que la estructura operativa implementada por las Juntas Militares lograra su cometido”, concluyó la querella.

Yael Duckwen

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