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Desde mediados de junio la empresa y los choferes se encuentran sumidos en una puja que deja a más de 250 mil pasajeros a la deriva. Paros, movilizaciones, conciliaciones fallidas y una solución que no llega.
Comienza un nuevo día en Escobar. Las personas que no tienen vacaciones en esta época del año, ni tampoco cuentan con un auto para moverse, se acercan a la terminal y se topan con una notoria ausencia que ya parece ser una costumbre.
Medio playón está vacío, porque la línea 60, transporte clásico para cualquier lugareño que quiera ir a la Capital, se encuentra inmersa en un conflicto gremial eterno. Los días pasan y la solución, ansiada por los pasajeros que dependen del servicio, no llega. Ni siquiera asoma.
Todo comenzó en febrero pasado. Un chofer de la empresa tuvo un accidente en la intersección de Tomkinson y el Acceso Norte, en San Isidro. Tras cinco meses de licencia por la ART, Micro Ómnibus Norte (MONSA) decidió prescindir de sus servicios.
Ese despido fue la gota que rebalsó el vaso para los choferes de la línea, que une Constitución con Tigre y Escobar y cuenta con 17 ramales y más de 345 colectivos entre su flota. Así, el 18 de junio cortaron el flamante Metrobus Norte y, una semana después, decidieron protestar en nombre de su compañero circulando sin cobrar boleto.
El remedio fue peor que la enfermedad para ellos, porque la empresa, bajo la presidencia de Marcelo Pasciuto, tomó esa medida gremial como excusa para cesantear a medio centenar de trabajadores y también impidió sacar a circular los coches, con presencia policial y el aval de la justicia.
Recién en los primeros días de julio, tras cinco jornadas sin aparecer, los empleados volvieron a sacar los colectivos de los playones de Ingeniero Maschwitz y Constitución, otra vez sin cobrar boleto, pero la empresa marcó las condiciones y el servicio se fue reduciendo de a poco hasta desaparecer de las calles.
Detrás de este conflicto laboral hay un trasfondo particular: MONSA recibe dos millones de pesos de subsidio estatal por mes y, según los delegados, esa plata no es invertida en mejorar el servicio ni en las condiciones de los trabajadores.
“Nosotros queremos que se respete el convenio colectivo de trabajo y queremos discutir adónde va el subsidio: 105 mil pesos por mes por coche. Esta empresa en tres meses compró las líneas 57, 168 y San Vicente: ¿Con qué plata?”, cuestionó el chofer Ángel Barrios en declaraciones al portal Infobae.
Cortes en la Panamericana -la última vez, con una fuerte represión de Gendarmería para desalojar la ruta-, marchas al Ministerio de Trabajo, festivales solidarios, conciliaciones obligatorias fallidas y más. Nada fue suficiente hasta el momento para destrabar una puja que ya lleva más de un mes y tiene en el medio a 250 mil pasajeros que deben arreglárselas como pueden mientras esperan una solución que se hace esperar más de la cuenta.
