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Hacinamiento. La mayoría de los calabozos bonaerenses están desbordados y en pésimas condiciones.
Es un problema general y de larga data, pero cada vez más grave. El promedio provincial es de 269%. En general, los detenidos están alojados en condiciones paupérrimas. Y, por la pandemia, no habilitan nuevos cupos en las cárceles.
No es ninguna novedad que las comisarías de la provincia de Buenos Aires, especialmente en el Conurbano, tienen sus calabozos abarrotados, con muchos más detenidos de los que deberían alojar. Pero no por ser conocida la situación deja de ser grave. Y en este contexto de pandemia adquiere una dimensión aún mayor.
El partido de Escobar no escapa a las reglas generales de esta realidad. Muy por el contrario, la refleja cabalmente: los calabozos de sus dependencias policiales tienen una ocupación de 294%, según cifras oficiales publicadas en un informe elaborado por la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires al que tuvo acceso El Día de Escobar.
Algunos casos son más preocupantes que otros. Los calabozos de la comisaría de Maquinista Savio tienen lugar para dos detenidos, pero actualmente hay nueve (450%). Cuatro veces y media más de lo autorizado. Algo parecido sucede en la comisaría de Garín: el máximo previsto es de 3 reclusos, pero tiene 13 (433%).
En la comisaría de Belén de Escobar hay alojados 22 detenidos, cuando sus calabozos tienen capacidad para ocho (275%). El caso menos alarmante es el de la subcomisaría de Matheu, que tiene un cupo de cuatro pero cuenta en sus celdas con seis detenidos (150%). La seccional de Ingeniero Maschwitz, a pesar de ser comisaría, actualmente no alberga reclusos.
Así, el promedio distrital da una ocupación de 294%, casi el triple del máximo estipulado. Sumando los cuatro centros de detención, la capacidad autorizada total es de 17 internos, pero hay 50. Cabe aclarar que no se trata de personas con sentencia firme sino de detenidos que se encuentran en una etapa intermedia del proceso judicial.
El partido de Escobar integra el departamento judicial Zárate-Campana, junto a los dos citados municipios y a Exaltación de la Cruz. Estos tres distritos solo tienen dos dependencias con calabozos, pero para mujeres: la comisaría de Campana, que está al 100% de su capacidad con cinco detenidas, y la subestación Cardales, que tiene lugar para cuatro y actualmente aloja a dos.
El promedio departamental de Zárate-Campana da una ocupación de 219%. Es un montón, pero ahí radica otro aspecto que da una pauta de la dimensión del problema: de los veinte departamentos judiciales existentes en la provincia, hay diez con peores índices de superpoblación.
Los departamentos judiciales de La Plata (567%), Quilmes (321%), General San Martín (319%), Moreno-Rodríguez (313%), Lomas de Zamora (303%), Bahía Blanca (295%), Avellaneda-Lanús (282%), La Matanza (268%), Morón (253%) y San Isidro (224%) son, en ese orden, los diez con mayor sobreocupación de calabozos, según información actualizada al 6 de agosto.
El promedio provincial de alojamiento en calabozos es de 269%, pero porque en el interior bonaerense la situación está dentro de parámetros normales. De no ser así, la media sería muchísimo más alta, como queda expuesto con los casos mencionados.
«Una realidad que deberá revertirse»
A partir del minucioso relevamiento realizado para elaborar este informe, la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires emitió un duro pronunciamiento en el que consideró «de extrema gravedad» la situación que se vive en las comisarías, con «detenidos alojados en condiciones deplorables de infrahumanidad».
«La gravísima realidad de superpoblación que afecta a las dependencias policiales provinciales representa una verdadera catástrofe, una crisis humanitaria de una magnitud que no conoce precedentes», advierte el documento. También señala que el nivel de sobreocupación de los calabozos «excede largamente el límite de lo tolerable».
«Muy a menudo, ese nivel de hacinamiento se ve notoriamente agravado por las deplorables condiciones edilicias: ambientes sin ventilación, con poca o nula iluminación, sin capacidad de respuesta a las necesidades higiénicas y a las demandas sanitarias, sin la alimentación apropiada y con déficit de camastros y colchones», puntualiza el texto.
«En definitiva, sin los mínimos recaudos como para mantener a personas alojadas por lapsos prolongados, con lo cual se contrarían las más elementales normas de derechos humanos prescriptas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la Organización de Naciones Unidas y, además, plasmadas en numerosos decisorios judiciales locales, nacionales e interamericanos».
Los magistrados también exponen que, en un momento donde la seguridad vuelve a ser uno de los temas prioritarios para la sociedad bonaerense, «el alojamiento de detenidos en comisarías, lejos de contribuir al mejoramiento de ese problema, distrae muchos recursos humanos, convirtiendo a los empleados y funcionarios policiales en carceleros».
Al respecto, señalan que esto «no sólo desnaturaliza la función policial, esencialmente vinculada a prevenir y neutralizar la violencia y el delito en la sociedad, sino que convierte a las comisarías en pequeñas penitenciarias barriales, en medio de centros urbanos densamente poblados».
«Esa doble disfuncionalidad del personal y de las propias dependencias del Ministerio de Seguridad se ha ido replicando progresivamente en nuestra provincia, pero se ha visto notoriamente agravada en los últimos tiempos con motivo de la pandemia provocada por el Covid-19 que, en cantidad de casos, es utilizada como pretexto para impedir el ingreso de nuevos detenidos en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense».
La Red de Jueces Penales de la provincia concluyó su pronunciamiento instando «con la premura del caso, a todos los poderes públicos a trabajar de consuno en la búsqueda de paliativos, si no soluciones, a esta realidad, restableciendo la plena operatividad de la mesa de diálogo creada en el ámbito del Ministerio de Justicia bonaerense»
«Estamos en un momento crucial, en el que podemos todavía corregir esta grave situación humanitaria y prevenir que ocurran nuevas tragedias como las muertes de presos en las comisarías de Pergamino y Esteban Echeverría, entre otras», finaliza el documento.
Por Ciro D. Yacuzzi
