La saga de las tierras taiwanesas, rumbo a su último capítulo

A mediados de los ‘90, la comunidad taiwanesa empezó a hacer sentir su presencia en el partido de Escobar. Protocolarmente, incluso, durante la primera intendencia de Luis Patti el Municipio realizó un encuentro de intercambio cultural recordado por un inapropiado baile de lambada que se llevó puesto al mentor del evento, un periodista local conocido por su engolada voz radial. Anécdota al margen, las relaciones entre el país oriental y la capital nacional de la Flor se desarrollaron a tal punto que en 2001 el magnate Chang Yung-fa, en ocasión de un viaje de negocios a la Argentina, visitó el Palacio Municipal y repartió donaciones para varias instituciones en un acto de inigualablemente atípicas situaciones.

Claro que al presidente de la segunda empresa de transporte marítimo más importante del mundo también otros motivos de peso lo trajeron a Escobar. Es que en enero de 1998 había desembolsado 900 mil dólares por la adquisición de una superficie de 104 mil metros cuadrados de tierras fiscales en el barrio Loma Verde, sobre las que tenía la obligación de construir una universidad. El plazo era de cinco años y estaba por agotarse sin que ello ocurra, lo que hacía imperativo para Fa conseguir una prórroga para no perder sus derechos de propiedad sobre el inmueble.

Por aquellos tiempos, las fundadas desconfianzas de la concejal radical Gabriela Stewart Usher, para berrinches del pattismo, dilataban las negociaciones en busca de escarbar en las verdaderas intenciones de los inversores taiwaneses. “Es la piedra en el zapato”, dijo en su idioma un representante de la Fundación Fa en una reunión con un grupo de legisladores.

Después de muchísimas idas y vueltas, a fines de diciembre de 2002 el Concejo Deliberante sancionó una nueva ordenanza para darle un año más de tiempo. A cambio, en esas tierras -puestas a nombre de Shao Hua Chang- los compradores deberían construir ahora un centro regional universitario de libre acceso para la comunidad escobarense. Pero enero de 2004 llegó rápido y sin que aparentemente se haya hecho el más mínimo trámite para encaminar el proyecto. Por ende, el dominio de esos terrenos volvería a manos del Municipio.

Todas las condiciones legales parecieran estar dadas para que, sin derecho a reclamo, ello se produza. Pero para documentar las evidencias y no pisar en falso, desde el bloque oficialista decidieron ir paso a paso en la cruzada por la “repatriación” de las tierras.

En ese sentido, El Día de Escobar pudo saber que el PJ acaba de producir un proyecto para encargar a la Comisión de Educación la elaboración de un informe pormenorizado del caso en el término de dos meses. Y, en una iniciativa paralela, que el Ejecutivo dé cuenta de si desde 2002 a la fecha los taiwaneses realizaron alguna presentación administrativa referente al inmueble lomaverdense.

Si los tiempos se cumplen, entre agosto y septiembre sería probable la sanción de una ordenaza para bajar el martillo y dar curso a las correspondientes actuaciones legales.

Por Ciro D. Yacuzzi

Fotografías: El Mensajero