La mancha verde que ensucia el humedal

Ya no se ven desde la ruta 25, al pasar frente a su predio, las montañas de bolsas y residuos de todo tipo acechados por aves de rapiña. Tampoco se sienten ya esos fétidos olores que signaron su ocaso al extenderse varios kilómetros hasta parar en pie de guerra a los vecinos de El Cazador y barrios aleñados. Clausurado desde el 20 de junio de 2008 –dos años recién cumplidos-, el basural isleño se invisibilizó por completo. Pero sigue ahí, latiendo bajo el césped y la tierra con la que fue tapado. Si antes contaminaba, no ha dejado de hacerlo. Sin embargo, las voces que bramaban por su erradicación ya casi no se oyen y la historia empieza a escribir nuevos capítulos en los estrados judiciales, rumbo a un final por ahora incierto.

El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) todavía mantiene en vigencia la clausura preventiva que impuso al relleno sanitario de la empresa Transportes Olivos. Los inspectores que tomaron la medida argumentaron que había “irregularidades en la cobertura del frente de descarga y en el tratamiento de los líquidos lixiviados”.

Además, dejaron constancia escrita de que estas deficiencias “contaminaban gravemente las vías hídricas, el suelo y el subsuelo, tanto en las zonas de instalación y disposición como en las adyacencias”. También marcaron que el lugar no contaba con el estudio de impacto ambiental correspondiente. Y concluyeron: “La operación en ese sitio representa un riesgo ambiental y a la salud de la población”.

Por entonces coordinado por un hermano del gobernador – Nicolás Scioli-, el OPDS ordenó a la empresa diversos estudios, que Transportes Olivos asegura haber aportado al expediente a pocos meses de aquel cierre de carácter transitorio. Desde entonces, cero novedades.

Pero ahora el avispero vuelve a sacudirse con una demanda judicial contra el organismo provincial, por su retardo en resolver definitivamente el caso.

El tiempo es tirano

El gerente de Transportes Olivos, Fabio Chiarbonello, le confirmó a DIA 32 que a principios de junio la empresa presentó una demanda contra los organismos de control provinciales.

Entendemos que ha transcurrido un tiempo excesivo y por eso decidimos iniciar acciones legales. La empresa intenta salvaguardar sus derechos, adquiridos en su momento por una ordenanza y un certificado que la habilitan.

Se nos han pedido estudios muy finitos, con un nivel de detalles excesivo, y han sido terminados en tiempo y forma. Todos esos estudios que pidió el OPDS fueron realizados por reconocidas universidades y concuerdan en que la actividad no ha impactado al medio. La mineralización de las aguas es producto de que el agua en esa zona es salada. Está demostrado que la empresa no contaminó, pero el OPDS aún no ha cerrado el tema. Un año parece algo razonable, no dos como estamos llevando. Y la dilatación es porque no tienen argumentos sólidos.

Esto es sencillo: o demuestran que contaminamos y somos culpables, o somos inocentes y tenemos que ser resarcidos por el daño que se nos ha ocasionado.

¿Yo?, ¿¡por qué!?

Qué motivó realmente la intempestiva clausura del basural es una pregunta sobre la que se originaron varias respuestas, aunque con el tiempo algunas perdieron fuerza a manos de la realidad.

La creencia de que se debió a la presión ambientalista es, a estas alturas, casi una ingenuidad localista. En cambio, la hipótesis de que algunos inversores inmobiliarios de los bañados hayan sido los actores escondidos tras el OPDS suena mucho más sólida. En ese aspecto, el licenciado Chiarbonello se declara libre de dudas.

La versión completa de este artículo se encuentra publicada en la edición de julio de DIA 32 (disponible en todos los puestos de diarios y revistas del partido de Escobar)