La Justicia Federal levantó la clausura del puerto regasificador de Escobar

Volviendo sobre sus propios pasos, el Juzgado Federal de Zárate-Campana suspendió la clausura preventiva que pesaba sobre la terminal de regasificación de Escobar y que, desde el pasado 16 de octubre, impedía las importaciones de gas natural licuado (GNL). Se trata de un tema de mucha preocupación en el gobierno, ya que se ponía en peligro el abastecimiento de la demanda industrial del próximo invierno.

Los jueces Raúl Alejandro Roust y Adrián González Charvay informaron este viernes que la pericia oficial en la cual se basaron para solicitar la clausura tenía falencias. Concretamente, señalaron que el ingeniero Fernando Massaro, a cargo del informe técnico encargado a la Universidad de Lomas de Zamora, no convocó ni a la Secretaría de Energía ni a Prefectura para realizar la pericia, entre otros incumplimientos.

«No hubo convocatoria a las autoridades gubernamentales, entrevistas y visitas in situ. Sin mediar consultas, el juez dictó la clausura en base a una pericia que no cumple con los procedimientos. Dada esta situación, presentamos al expediente informes de consultores especializados, Lloyd’s Register y la UTN de Rosario (CAIMI), que exponen los errores de la pericia oficial”, dijeron en YPF, la empresa encargada de la operación del buque junto con la estatal Ieasa (ex-Enarsa).

Esta semana, la cartera energética y Prefectura presentaron dos notas en las cuales explicaban que no habían sido convocados por el perito. “Se informa que la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía no fue oportunamente convocada por la Universidad de Lomas de Zamora para participar en la realización de estudios técnicos sobre la Terminal de GNL de Escobar y, por ende, desconoce cuáles fueron las tareas realizadas, quiénes participaron, dónde y cuándo se realizaron las reuniones y las conclusiones finalmente arribadas”, señala la misiva enviada por la cartera que dirige Darío Martínez.

En otra de las cartas que envió Martínez a la Justicia, solicita que “se evalúe el impacto de la indisponibilidad operativa de la Terminal Regasificadora de GNL en Escobar sobre el abastecimiento nacional de gas natural para 2021”, ya que señala “conllevaría hasta la falta de provisión de gas natural en el país”. Por lo tanto, pidió «el levantamiento de la actual clausura, máxime ante la falta de evidencia fáctica de peligro inminente y la inexistencia de precedentes en esas instalaciones que avalen el mantenimiento de esa medida».

Sin embargo, los jueces indicaron que ese argumento “no brinda, por sí sólo, elementos suficientes a considerar en relación al objeto del proceso vinculados con la situación de peligro en la que podría encontrarse la población”.

El buque regasificador de Escobar es crucial para el abastecimiento de gas, sobre todo luego de que se haya despedido la otra embarcación idéntica que estaba emplazada en Bahía Blanca. El año pasado, desde la terminal del Paraná de las Palmas se inyectó el 12% del total de gas recibido en los sistemas de transporte durante invierno al centro de mayor consumo del país, como es el AMBA.

Tras conocerse la suspensión de la clausura, Martínez señaló que «ahora tenemos la tranquilidad de poder contar con la planta de Escobar para planificar con certidumbre el programa de abastecimiento integral de la demanda de gas en los próximos meses de invierno».

El funcionario aseguró que “la planta de Escobar cumple con parámetros de seguridad y preservación del ambiente de máximo rigor técnico, y jamás tuvo episodios ni eventos que lo hicieran poner en duda”.

Génesis de la causa

La demanda contra el buque regasificador de Escobar se inició en 2011, cuando se denunció una «situación de peligro de muerte urbana masiva por estrago de incendio o explosión del Gas Natural Licuado». También se denunciaba la contaminación que podía provocar a la población inmediata a este emprendimiento.

En una primera instancia se descartaron todas las acusaciones, ya que se concluía que la terminal cumplía con las medidas de monitoreo permanente de los distintos organismos del Estado. Sin embargo, en 2014 se ordenó «la confección de estudios estrictamente técnicos para determinar si la obra -en su integridad- contaba con los recaudos necesarios que resultasen eficientes para garantizar la seguridad de la población», como figura en el expediente de la causa.

Para realizar la pericia, se intentó contratar a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y luego a la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero esas posibilidades no se pudieron concretar y se encargó el informe a la Universidad de Lomas de Zamora en 2017.

Al mismo tiempo, se les informó a YPF y a Ieasa sobre el comienzo de la pericia oficial, con el objeto de que pudieran intervenir y designar un perito de parte para controlar esos estudios, lo cual ninguna de las dos empresas hizo, según publicó La Nación.

De las conclusiones de la pericia se destaca que, según sus análisis, podría haber «un elevado número de víctimas fatales en la población circundante, por los efectos de la onda expansiva, sumado a los daños producidos por los llamados ‘proyectiles’ (trozos de las instalaciones y equipos que salen despedidos en forma aleatoria por dicha onda expansiva), los efectos de la radiación térmica y los tiempos de exposición a la misma».

Es por eso que los jueces avanzaron con la clausura de la terminal en octubre pasado (ver nota acá), hasta que levantaron la suspensión este viernes.

La Secretaría de Energía e YPF habían presentado informes para que la Justicia levante la cautelar que impedía la normal operatoria del buque regasificador de Escobar. El buque es crucial para el abastecimiento de gas, sobre todo luego de que se haya despedido la otra embarcación idéntica que estaba emplazada en Bahía Blanca.