La Justicia desestimó la denuncia de un asesor de “Acero” Cali contra Sujarchuk

El intento de golpear judicialmente al Intendente no le dio mucho resultado al concejal Jorge «Acero» Cali. La denuncia penal que presentó a través de un asesor suyo por un supuesto «negociado» entre el Municipio y la empresa Consultatio fue desestimada de plano por la Unidad Funcional de Instrucción de Juicio Nº1 de Zárate-Campana, a cargo de fiscal Mabel Amoretti, quien consideró que no existió ningún delito.

La denuncia fue radicada el pasado 11 de abril por Miguel José Beláustegui -domiciliado en el country Haras Santa María, en Loma Verde-, quien fuera secretario de Ingresos Públicos del Municipio durante la primera intendencia de Sandro Guzmán y actualmente se desempeña como asesor del ex luchador de kick boxing en el Concejo Deliberante de Escobar.

En su presentación ante el juzgado federal, Beláustegui pidió que se investigue al intendente Ariel Sujarchuk por los presuntos delitos de “abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La denuncia cuestionaba un convenio entre el Municipio y la empresa Consultatio, en el cual se resolvió la cesión de tierras del megaemprendimiento urbanístico Puertos para espacios verdes y equipamiento comunitario de uso público. El mismo que dio origen a la remodelación de la plaza principal de Belén de Escobar y a la peatonalización de la calle Yrigoyen al 600, con un aporte privado cercano a los $16 millones, como parte de pago de esas parcelas, en el marco de la ley provincial 8912/77 de Uso de Suelo y Ordenamiento Territorial.

Los fundamentos que aportó Beláustegui fueron los mismos que Cali expuso en la sesión del 28 de diciembre del año pasado, donde el convenio fue convalidado por mayoría con el voto de los concejales del oficialismo, los de Sandro Guzmán (Unidos por Escobar) y del Frente Renovador. El macrismo, por su parte, había pedido que el expediente quede en comisión para un «mayor estudio».

Beláustegui afirmó que la cotización de las tierras cedidas por el Municipio a un valor de 10 dólares por metro cuadrado “es irrisoria”, por lo cual infirió que el acuerdo fue “un negociado millonario que deja explícita la gran estafa que se le está realizando al pueblo de Escobar”. “Los valores de mercado superan en más de 1.000% (sic) ese ridículo precio”, aseguró.

También puso un ligero manto de sospechas sobre los tiempos con los que avanzó el trámite del expediente administrativo 15.543/2016. Al respecto, apuntó que el mismo se inició el 27 de junio del año pasado por una nota de Consultatio y que el convenio se firmó el 14 de julio; es decir, menos de un mes después.

“Resulta inverosímil que semejante convenio, que involucra no solo tierras del Municipio sino montos absurdos, se concrete con tanta lucidez y celeridad. Es evidente que detrás del mismo se esconden los intereses codiciosos del intendente, que en lugar de ejercer su función con una actitud política correcta, la ejecuta para enriquecerse ilícitamente”, acusó el operador del concejal recientemente encolumnado en las filas de Florencio Randazzo.

También pidió que se investigue al presidente de Consultatio, Eduardo Costantini, por presunto cohecho (soborno); al secretario de Planificación y Espacio Público del Municipio, arquitecto Gastón D’Aquino, como “partícipe necesario” del concurso de delitos que le endilgó al intendente; y a los concejales que aprobaron la ordenanza que convalidó el convenio.

“La actitud de los co-imputados de gestar, aprobar, convalidar y sancionar semejante proyecto contranatura merece el más severo reproche y encuentra como única y exclusiva finalidad el enriquecimiento ilícito”, se permitió sentenciar el denunciante.

Sin embargo, la fiscal Amoretti desestimó de plano la denuncia de Beláustegui. A tal punto que le bastaron dos párrafos para argumentar su rechazo. En la resolución, a la que tuvo acceso El Día de Escobar, la funcionaria judicial remarcó que el convenio fue convalidado por el Concejo Deliberante «en todos sus términos» y que lo actuado no «encuadra en alguno de los tipos penales comprendidos en el código de forma vigente».

Además, Amoretti indicó que «tanto las medidas tomadas por el Ejecutivo como la convalidación sancionada por el Concejo Deliberante resultan discrecionales al ejercicio de sus respectivas funciones y deben ser resueltas en el contexto democrático».

Así las cosas y sin más, con fecha 23 de agosto, la fiscal resolvió dar por cerrado el caso y dejar sin efecto el intento de arremetida de Cali contra su ex aliado político.