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Reclamo. Quienes sean notificados tienen un plazo de diez días para sacar un turno en la ANSES.
La Defensora del Pueblo de Escobar dialogó con autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad para expresarle su inquietud con respecto al recorte en los haberes que reciben cientos de personas con discapacidad.
En medio de un contexto en el que el Estado ha decidido dar de baja pensiones no contributivas por invalidez a las que considere “incompatibles”, la Defensora del Pueblo de Escobar se reunió este jueves con autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad.
En el encuentro, Rocío Fernández dialogó con el jefe de gabinete de la agencia, Ivo Luzzani, y el titular del área legal, Rodrigo De la Vega. «Les presenté casos puntuales y también les manifesté mi preocupación por esta medida», expresó la funcionaria escobarense y secretaria general de la Asociación de Defensores del Pueblo de Argentina (ADPRA).
Como conclusión, las partes acordaron un enlace para articular el trabajo y evacuar los reclamos y consultas que se presenten en las defensorías del país.
A su vez, Fernández remarcó que ante la llegada de una notificación los vecinos se acerquen a la Defensoría del Pueblo -Estrada 633, Belén de Escobar- o se comuniquen al 0800-555-3367 para recibir asesoramiento.
Mano a mano. Fernández se reunió en Capital con funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Este tipo de pensiones son otorgadas a las personas que tengan una invalidez física o mental que produzca una disminución en su capacidad laboral del 76% o más. Se trata de haberes no contributivos, es decir que no requieren de aportes previos, y corresponden al 70% de la jubilación mínima (alrededor de $4.500).
Sin embargo, el gobierno nacional decidió echar mano al decreto 432/97, firmado por el entonces presidente Carlos Menem, en el que se exige a los titulares de las pensiones “no estar amparados por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna” y “no poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia».
Por su parte, desde la Casa Rosada argumentaron que las bajas se deben a irregularidades en el otorgamiento durante los años previos.
Un dato a tener muy en cuenta es que las personas que reciban una notificación sobre la quita de la pensión no contributiva tienen un plazo de diez días para ejercer el derecho de defensa, pidiendo el turno en la sede de ANSES.
