Rocío Fernández dio a conocer un documento en el que se establece como actuar ante casos de delitos contra la integridad de niños y adolescentes.
Contra el abuso. El texto enumera las responsabilidades del Estado y la sociedad en la protección de los menores.
En su rol de presidenta del Consorcio de Defensores del Pueblo Bonaerenses, Rocío Fernández dio a conocer un documento en el que se establece como actuar ante casos de delitos contra la integridad de niños y adolescentes.
En su carácter de presidenta del Consorcio de Defensores del Pueblo Bonaerenses, la ombudsman escobarense Rocío Fernández presentó un Protocolo de Acción Institucional para la prevención e intervención ante las situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
El documento recoge los principios rectores de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, su Protocolo Facultativo, la Ley N° 26.061 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y todas las normativas que establecen la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la protección de los menores frente a delitos que atentan contra su integridad física y psíquica.
En él se reiteran los artículos de la legislación que establecen la obligación de los y las profesionales que estén en contacto con los niños y adolescentes de comunicar cualquier situación de vulneración de derechos de la infancia, más cuando se trata de posibles delitos.
Las denuncias deben realizarse través de los organismos de infancia y adolescencia que cada provincia, municipio y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen. En su defecto, también podrán ser tramitadas en las fiscalizas especializadas en violencia de género y violencia en la infancia.
Surgido luego del escándalo por los casos de pedofilia relacionados al club Independiente de Avellaneda, el protocolo presentado por la Defensora del Pueblo de Escobar también establece la obligación de intervenir no solo cuando los hechos ocurren dentro de este tipo de instituciones, sino en cualquier otro lugar o establecimiento, público o privado.
Asimismo, se resalta los principios de no revictimización, resguardo de la confidencialidad y la obligación de brindar contención psicosocial tanto a las víctimas como a sus familiares.
Desde el Consorcio afirmaron que junto a la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADRPA) brindarán su cooperación técnica y profesional para acompañar, asesorar y colaborar frente a las situaciones abusivas detectadas.
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