La funcionaria participó en la audiencia pública y reclamó “que el Estado realice una quita de impuestos de las facturaciones de los servicios públicos”.
La funcionaria participó en la audiencia pública y reclamó “que el Estado realice una quita de impuestos de las facturaciones de los servicios públicos”.
En el marco de una audiencia pública realizada este jueves para definir el futuro cuadro tarifario del agua corriente, la Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, se manifestó en contra de los aumentos previstos por la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).
“Llegó el momento para que el Estado se haga cargo y realice la quita de impuestos de las facturaciones de los servicios públicos. Los usuarios no pueden seguir cargando con todo el costo de la llamada readecuación tarifaria”, afirmó la secretaria de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).
La compañía estatal, que hace más de un año opera en el partido, estipuló un incremento del 26% en su facturación a partir de mayo. Justamente, uno de sus argumentos para exigir la suba se basa en la ampliación que experimentó su red en el último tiempo.
«La incorporación de los nuevos partidos plantea un desafío para la sostenibilidad de los servicios, ya que se trata de áreas donde los ingresos tarifarios no alcanzan a cubrir los costos de la prestación», explicaron desde AySA en un documento.
Por su parte, la ombudsman local exigió que el servicio tenga “continuidad, cantidad, calidad y generalidad”. “El acceso al agua es un derecho humano fundamental según la ONU”, agregó.
Con el nuevo aumento, la tarifa social pasaría a rondar los $65, mientras que la mínima mensual sería de $130 y el promedio mensual se ubicaría en $208.
“Aumenta la luz, el gas, el transporte, el agua y para todas esas empresas se tratan de clientes, pero en lo real es el mismo usuario con un único salario”, concluyó Fernández, quien estuvo acompañada por el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de ADPRA, Alejandro Amor; la ombudsman de La Matanza, Silvia Caprino, y la de Avellaneda, María Laura Garibaldi.
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