La Defensora del Pueblo alertó sobre la quita de pensiones por invalidez

En su carácter de presidenta del Consorcio de Defensores del Pueblo Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Rocío Fernández manifestó este viernes su preocupación en relación a la inminente quita de pensiones no contributivas por invalidez de parte del Estado.

“La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) pretende no cometer los errores de la experiencia fallida de 2017, cuando, por entonces, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales ordenó una quita masiva sin previo aviso. Consecuentemente, ha enviado notificación fehaciente por carta documento a los pensionados”, advirtió la defensora del Pueblo de Escobar en un comunicado.

La funcionaria encabezó la reunión del Consorcio en la localidad balnearia de Mar del Plata, donde todos sus integrantes redactaron una declaración cuestionando el accionar del organismo nacional, dependiente del Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis.

Los ombudsman pusieron el foco sobre la resolución 33/19, que establece un plazo de dos meses para actualizar la condición médica de invalidez laboral mediante el Certificado Médico Oficial Digital. Para realizarlo, quienes reciban la intimación deberán dirigirse a un establecimiento de salud público y solicitar una consulta con el médico a fin de certificar su condición.

“Resultaría eficiente en un plano ideal, pero en lo fáctico, es decir, en la realidad de los establecimientos de salud de la provincia, constituye un acto de cumplimiento imposible”, afirma Fernández.

También cuestiona la resolución 44/19 de la ANDIS, que aprueba un nuevo circuito administrativo de renovación de los certificados médicos de pensiones no contributivas de Invalidez.

“Viola el derecho de defensa y debido proceso administrativo, no estableciéndose criterios objetivos predeterminados para la conformación del padrón de intimados, y fundados en normas legales, más aún considerando que estamos frente a un derecho adquirido susceptible de quita, a través de un proceso de acción de lesividad”, explicó Fernández, en nombre del consorcio que preside.

A su vez, desde la Defensoría del Pueblo le solicitaron a las personas beneficiarias de este tipo de pensiones que, en caso de recibir una carta documento, acudan a su sede, sita en Estrada 633, a media cuadra de la plaza de Belén de Escobar.

“Exhortamos a la ANDIS que revoque las resoluciones 39/19 y 44/19, viciadas de nulidad por inconstitucionales, y se abstenga de proceder a la quita o suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez”, concluyó la funcionaria.