El máximo tribunal bonaerense avaló el fallo de primera instancia, originado a través de un reclamo que en 2012 inició la Defensoría del Pueblo de Escobar.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia ordenó a la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) reintegrarle a sus usuarios el dinero percibido por el aumento tarifario aplicado a partir de mayo de 2012, por considerarlo inconstitucional.
El fallo se origina en una actuación iniciada por la defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, quien en representación de todos los usuarios de ABSA en el distrito se presentó ante la Justicia para plantear la nulidad del decreto Nº245 del gobernador Daniel Scioli.
La Corte bonaerense falló a favor del reclamo, confirmando la sentencia que ordena a la ABSA restituir a los usuarios las sumas percibidas desde la vigencia del aumento a la actualidad, a la vez que rechazó el planteo de la Provincia, que pretendía acudir al máximo tribunal de la Nación.
Ahora, la Justicia debe resolver cómo se restituirán los fondos, que ascenderían a unos 1.800 millones de pesos.
Cronología del “tarifazo”
En mayo de 2012 el gobierno bonaerense dispuso un ajuste tarifario para el servicio de agua potable y cloacas que presta la empresa ABSA, el cual alcanzaba incrementos de hasta el 180% al llevar el valor del metro cúbico de agua de $0,607 a $1,693.
En ese contexto, la Defensora del Pueblo de Escobar se presentó ante la Justicia a plantear la nulidad del decreto 245 del gobernador Scioli, argumentando que el mismo vulneraba derechos constitucionales.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió denegar el recurso extraordinario federal interpuesto por el Ejecutivo provincial y por ABSA para trasladar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el amparo que se inició en el 2012, a instancias del “tarifazo”.
De esa manera, el tribunal dejó firme el fallo que declara la nulidad del aludido decreto, que autorizaba a establecer este aumento “abusivo, arbitrario y manifiestamente ilegal”. La resolución fue adoptada por mayoría, con el voto en disidencia del juez Eduardo de Lázzari.
En la resolución, la Corte rechazó la petición del Ejecutivo al considerar que “las cuestiones resueltas en el pronunciamiento se relacionan con el derecho local, son de apreciación exclusiva y propia de este tribunal y por lo tanto ajenas a la instancia extraordinaria”.
Con este pronunciamiento, la Corte provincial clausura una vía de reclamo y deja firme el fallo que dictó el 10 de diciembre del año pasado y que ordena devolver a los usuarios todos los montos que se pagaron cuando se aumentó la tarifa por decreto 245/12.
“Este fallo viene a poner fin a una larga controversia legal”, expresó Fernández, y subrayó “que los alcances del fallo benefician a los más de 2.000 vecinos que oportunamente han iniciado actuaciones en la Defensoría y también a los que no”.
Respecto a los pasos a seguir, la funcionaria indicó que “el juez que resolvió en primera instancia, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Dr. Luis Arias, deberá resolver el mecanismo por el cual ABSA devolverá los importes percibidos por la empresa en el transcurso de este tiempo”.
Según los cálculos, en función de este fallo la empresa que presta servicio de agua corriente debería devolver una suma total del orden de los 1.800 millones de pesos, una cifra muy superior a su facturación total de 2014.
Para finalizar, Fernández agregó que la Defensoría elaborará documentos que contemplen la situación particular de cada usuario, según haya abonado total o parcialmente. Además, invitó a que los vecinos que tengan dudas se acerquen o se comuniquen con el organismo a su cargo para ser asesorados.
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