Después de su tormentoso cierre, hace dos años, la ex fábrica Algodonera de Escobar volvió a ser noticia. Y, como en sus últimos días, en la sección de policiales, ya que este jueves a la tarde veinte efectivos policiales irrumpieron en el predio de la calle Italia para desalojar nada menos que a su ex dueño. La inaudita y tensa situación fue presenciada con estupor por más de medio centenar de vecinos ligados a la comunidad evangélica que adquirió esa propiedad, donde funciona una iglesia y se habilitará un colegio.
Una historia entre algodones
Más por problemas internos que coyunturales, “La Aldonera” llegó a su cuarta década muy lejos de lo que había sido. Y quebró. Su octogenario propietario, Alberto Lidji, por cuestiones de salud ya no manejaba la fábrica. Había confiado su conducción a un gerente -Gastón Hermida- que después terminó acusado de estafa por el hijo de Lidji, quien abandonó su residencia en Estados Unidos para tratar de pilotear a la empresa bajo la tormenta de la bancarrota. Pero llegó tarde. Las deudas eran insalvables, los clientes habían conseguido mejores proveedores y todo intento de reactivación resultó estéril. El cierre y la venta fueron una consecuencia inevitable.
Por aquellos días, en plenas confrontaciones con el ex hombre de confianza de su padre, Mario Lidji había declarado: “A este judío argentino no le roban, ni lo aprietan ni lo extorsionan en nada”.
Poco se supo después sobre la suerte de los últimos veinte trabajadores, que habían tomado la planta para bregar por sus indemnizaciones. Y el tema desapareció, lentamente, de la agenda local. Hasta que en octubre del año pasado se conoció que la iglesia cristiana “Buenas Nuevas” había adquirido la manzana de Italia al 1100, entre Bernardo de Irigoyen y Alberdi.
Por todo ese predio, la comunidad evangélica entregó su edificio de la calle Bernardo de Irigoyen y pactó pagar el saldo en cuotas, que tras el primer depósito se interrumpieron en abril ante un embargo a la propiedad que motivó a los compradores a plantear la cláusula de renegociación, según explicó a la prensa el pastor Carlos Purat. Ahí surgieron los problemas con Lidji.
El comisario Carlos Vara, por su parte, señaló que Lidji “estaba ocupando el predio ilegalmente desde hace diez días, acompañado circunstancialmente de otras personas, y se resistió al desalojo agrediendo al personal policial”. Por ese motivo fue trasladado a Escobar 1ra, donde se le inició un sumario bajo el cargo de “resistencia a la autoridad”.
Siempre en cumplimiento de las órdenes emanadas por la fiscal Paula Gaggiotti, la policía restableció la posesión del predio a los evangelistas.
La fiscal que no habla
En una conducta que afortunadamente no es imitada por el resto de sus compañeros de la unidad de instrucción distrital, la fiscal Paula Gaggiotti volvió a negarse este jueves a suministrar información a la prensa.
Aunque cortésmente, la funcionaria eludió nuevamente así una carga intrínsecamente inherente a su investidura, ya que como autoridad pública es una de sus funciones ser fuente de información oficial ante sucesos como el que ocurrió en “La Algodonera”. Su silencio impidió conocer más certezas sobre esta enmarañada historia, que seguramente escribirá nuevos capítulos.
Por Ciro D. Yacuzzi
Después de su tormentoso cierre, hace dos años, la ex fábrica Algodonera de Escobar volvió a ser noticia. Y, como en sus últimos días, en la sección de policiales, ya que este martes 6 a la tarde veinte efectivos policiales irrumpieron en el predio de la calle Italia para desalojar nada menos que a su ex dueño. La inaudita y tensa situación fue presenciada con estupor por más de medio centenar de vecinos ligados a la comunidad evangélica que adquirió esa propiedad, donde funciona una iglesia y se habilitará un colegio.
Una historia entre algodones
Más por problemas internos que coyunturales, “La Aldonera” llegó a su cuarta década muy lejos de lo que había sido. Y quebró. Su octogenario propietario, Alberto Lidji, por cuestiones de salud ya no manejaba la fábrica. Había confiado su conducción a un gerente -Gastón Hermida- que después terminó acusado de estafa por el hijo de Lidji, quien abandonó su residencia en Estados Unidos para tratar de pilotear a la empresa bajo la tormenta de la bancarrota. Pero llegó tarde. Las deudas eran insalvables, los clientes habían conseguido mejores proveedores y todo intento de reactivación resultó estéril. El cierre y la venta fueron una consecuencia inevitable.
La fiscalía le devolvió la posesión del predio al pastor Carlos Purat.
Por aquellos días, en plenas confrontaciones con el ex hombre de confianza de su padre, Mario Lidji había declarado: “A este judío argentino no le roban, ni lo aprietan ni lo extorsionan en nada”.
Poco se supo después sobre la suerte de los últimos veinte trabajadores, que habían tomado la planta para bregar por sus indemnizaciones. Y el tema desapareció, lentamente, de la agenda local. Hasta que en octubre del año pasado se conoció que la iglesia cristiana “Buenas Nuevas” había adquirido la manzana de Italia al 1100, entre Bernardo de Irigoyen y Alberdi.
Por todo ese predio, la comunidad evangélica entregó su edificio de la calle Bernardo de Irigoyen y pactó pagar el saldo en cuotas, que tras el primer depósito se interrumpieron en abril ante un embargo a la propiedad que motivó a los compradores a plantear la cláusula de renegociación, según explicó a la prensa el pastor Carlos Purat. Ahí surgieron los problemas con Lidji, que este martes alcanzaron su punto más crítico.
El comisario Carlos Vara señaló que Lidji “estaba ocupando el predio ilegalmente desde hace diez días, acompañado circunstancialmente de otras personas, y se resistió al desalojo agrediendo al personal policial”. Por ese motivo fue trasladado a Escobar 1ra, donde se le inició un sumario bajo el cargo de “resistencia a la autoridad”.
Siempre en cumplimiento de las órdenes emanadas por la fiscal Paula Gaggiotti, la policía restableció la posesión del predio a los evangelistas.
La fiscal Gaggiotti se retiró sin dar ninguna información a la prensa.
La fiscal que no habla
En una conducta que afortunadamente no es imitada por el resto de sus compañeros de la unidad de instrucción distrital, la fiscal Paula Gaggiotti volvió a negarse a suministrar información a la prensa.
Aunque cortésmente, la funcionaria eludió nuevamente así una carga intrínsecamente inherente a su investidura, ya que como autoridad pública es una de sus funciones ser fuente de información oficial ante sucesos como el que ocurrió en “La Algodonera”. Su silencio impidió conocer más certezas sobre esta enmarañada historia, que seguramente escribirá nuevos capítulos.
Por Ciro D. Yacuzzi