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Con un despliegue policial pocas veces visto, se llevó a cabo este miércoles el desalojo de un campo de la localidad de Matheu donde vivían cerca de cien familias, quienes le habían comprado sus terrenos a un usurpador que decía ser dueño de esas tierras.
Mujeres con lágrimas en los ojos, familias desarmando sus casas como podían, paredes y techos desplomándose en el suelo ante la embestida de las topadoras… Las imágenes de un desalojo siempre son tristes y este caso no fue la excepción. No obstante, la actitud pacífica de los habitantes del predio contribuyó a que el cuadro no fuese más dramático.
Se trata de un predio de 96 hectáreas, ubicado entre la avenida Nazarre y la calle Apatamas, detrás de la ex fábrica San Sebastián. De esa superficie, una décima parte estaba ocupada por viviendas de material -algunas hasta de dos plantas- y otras más precarias que fueron construyéndose en los últimos años. Otros compradores, los más recientes, aún no habían llegado a instalarse.
Según consta en el expediente judicial que llevó adelante el fiscal Claudio Aundjian, la ocupación de esas tierras surgió a partir de una estafa por la cual está imputado un tal Diego García. Este hombre, que tenía una casa con quincho y pileta en el predio, habría comercializado una importante cantidad de terrenos a valores muy inferiores a los del mercado. Incluso, hay personas que dicen habérselo comprado en cuotas. Las ventas se hacían a través de Mercado Libre y Marketplace, en Facebook.
Los legítimos propietarios de las tierras afectadas por esta ocupación son los hermanos Filomena Ana Completa y Domingo Antonio Completa, quienes las compraron en 2013. La orden de lanzamiento fue emitida semanas atrás por el Juzgado de Garantías Nº3 de Escobar, a cargo del juez Luciano Marino.
Según trascendió, los dueños del campo habían realizado una denuncia policial cuando García “amenazó al sereno que vivía en el lugar, para luego -con el correr de los días- hacer ingresar personas al predio. En un principio fueron cinco familias. Pero en estos años llegaron a armarse 59 construcciones”, estimó una fuente de la investigación.
El desalojo, tal como estaba previsto, se inició a las 8 de la mañana, en el marco de un mega operativo que contó con la presencia de unos 500 efectivos de la Policía Bonaerense y de Infantería. En las instalaciones de la ex San Sebastián se montó la base operativa del procedimiento. Desde temprano se interrumpió el tránsito a lo largo de varias cuadras de la avenida Nazarre, donde estacionaron patrulleros, camionetas y camiones. El corte se levantó cerca de las 18. A su vez, dos helicópteros sobrevolaron la zona y realizaron tareas de traslado.
Entre las acciones propias del desalojo, varias topadoras recorrieron el predio tirando abajo las viviendas construidas, a fin de evitar el repoblamiento del lugar. Al mismo tiempo, muchas familias trataban de llevarse lo que podían, ya sea chapas del techo, alambrados y otros elementos, apremiadas por las circunstancias.
Durante toda la jornada se vio una numerosa presencia de funcionarios de alto rango y agentes municipales de diversas áreas que asistieron a las familias desalojadas. La mayoría pertenecen al partido de Escobar, según un relevamiento que se llevó a cabo en febrero, como parte del proceso previo al desalojo.
La Comuna también acompañó a los damnificados con asistencia logística: varios camiones cargaron las pertenencias de las familias que tenían algún lugar al que llevarlas. A su vez, a una familia chaqueña con un bebé que no tenía adónde ir se le dio alojamiento transitorio en un hogar perteneciente al Municipio. Además, hubo varias ambulancias del SAME y se instaló una carpa sanitaria.
Sobre García, el fiscal Aundjian reconoció que esperaban encontrarlo en el procedimiento, pero el hombre se anticipó a la llegada de la policía y escapó en horas de la noche. “Pesamos que íbamos a encontrarlo en el predio, pero no está. No obstante, se le van a imputar los delitos de usurpación y estafas reiteradas”, apuntó el funcionario, por lo que no se descarta que sea detenido de un momento a otro.
Por su parte, el abogado de los hermanos Completa, Ariel Orentlijerman, lamentó que el conflicto no se haya resuelto por vía del diálogo. “En estos cuatro o cinco años de proceso judicial no hubo ninguna posibilidad de hacerle entender a esta gente que estaba usurpando. Es muy triste haber llegado a esta instancia de desalojar a familias estafadas”, declaró a El Día de Escobar, único medio presente en el lugar de los hechos.
🔴 Impactante desalojo de un campo de Matheu donde vivían cerca de 100 familias
— El Día de Escobar (@eldiadeescobar) June 27, 2024
El operativo contó con la presencia de 500 efectivos policiales y de Infantería. El imputado por la estafa escapó antes de ser detenido. https://t.co/4L8HuXNcgO pic.twitter.com/VDcQfr3Q1W
El conocido letrado escobarense –ex juez de Faltas del Municipio- también señaló que la policía detuvo a una supuesta abogada de García, de apellido Santoro. “Hay una denuncia que dice que en estos días les sacó 11 millones de pesos a esta gente diciéndoles que no se iban a ir”. Además, la mujer “estaba intentando armar una resistencia para que no se haga el desalojo”.
Dada la envergadura del procedimiento y el riesgo de que pudieran suscitarse incidentes, los servicios de atención médica fueron alertados para mantenerse en guardia activa. Sin embargo, la actitud pacífica de las familias desalojadas hizo que no fuese necesario que intervengan. Por orden de la fiscalía, el predio quedó con una fuerte consigna policial que permanecerá en el lugar durante los próximos días.
“Nos solidarizamos con las personas estafadas”
Desde el Municipio, a través de un comunicado, expresaron su solidaridad con las familias desalojadas, a la vez que reclamaron una condena para el acusado de haberlas estafado. Además, se desvincularon de la decisión del desalojo al remarcar que se trató de una orden judicial, a partir de una causa “iniciada por la familia Biglieri” (NdR: Filomena Completa está casada con Agustín Biglieri, conocido agente inmobiliario de Escobar), y que el operativo estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad bonaerense.
“Mantenemos la firme la convicción de actuar ante cualquier tipo de usurpación y nos solidarizamos con las personas que han sido estafadas presuntamente por Diego García. Él y sus posibles cómplices deben ser investigados y condenados en el caso de comprobarse estos hechos”, señala un párrafo del texto difundido esta tarde.
“El Municipio va a seguir gestionando, con mano firme y clara, para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas. Al mismo tiempo, necesitamos trabajar junto al Estado provincial y nacional para seguir asistiendo a los sectores más vulnerables, sin avasallar el derecho a la propiedad, a la vida o a la libertad de los demás”.
Por último, desde el Palacio Municipal destacaron la tarea del fiscal Aundjian, del juez Marino y de la Unidad de Coordinación de Políticas de Seguridad, a cargo de Darío Ruiz. “Todos ellos han actuado con responsabilidad, garantizando el derecho a la propiedad privada”, concluyó el comunicado.
