El jefe comunal consideró que se trató de una protesta impulsada “por lobbies empresariales y políticos”, más que de un planteo por la inseguridad.
La manifestación de los choferes de la línea 60 no le cayó simpática a nadie en el Palacio Municipal. Para empezar, porque los trabajadores del volante irrumpieron por la fuerza en el edificio “Antonio Lambertuchi”, llevándose puesto a un empleado comunal que trataba de impedir el avance de la horda. También porque invadieron el hall como si fuera la tribuna de un estadio, subiendo algunos a la mesa de informes para gritar sus proclamas ante cámaras. Además, algunos funcionarios temieron que los manifestantes quisieran meterse de prepo en los despacho. Pero al intendente Sandro Guzmán, si bien eso le molestó, hubo otro aspecto que lo irritó más.
“Me sorprendí cuando me enteré que el reclamo no era tanto por un hecho de inseguridad sino por otras cuestiones, que ya dependen de la Provincia y en las que se tienen que poner de acuerdo los empresarios”, señaló el jefe comunal en declaraciones a la prensa, en referencia al planteo que los colectiveros hicieron contra la empresa MOTSA por tener personal precarizado.
“Los intendentes somos los únicos que ponemos el pecho y damos la cara, pero sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Hace años que Matheu tiene una sola línea de colectivos y tienen a todos los habitantes cautivos. Cada vez que se quiere romper ese monopolio aparecen estos tipos, que tienen lobbies empresariales y políticos, a hacer este tipo de despelotes políticos a los cuales no nos vamos a enganchar”, subrayó Guzmán, visiblemente ofuscado.
Cuando un periodista le pidió más precisiones sobre su afirmación, Guzmán se limitó a decir “saquen sus propias conclusiones, ustedes son periodistas y pueden investigar”.
En la conversación que mantuvo con algunos medios tras el acto de asunción de los nuevos consejeros escolares, el jefe comunal adelantó que esa misma noche se reuniría con el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, para abordar la problemática delictiva que aqueja al transporte público. A la vez, aclaró que los reclamos gremiales se deben resolver entre “el Ministerio de Transporte, la UTA y los empresarios”.
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