ARBA detectó que el ex luchador y precandidato a intendente de Escobar tiene su auto de lujo registrado en uno de los “paraísos fiscales” de Neuquén.
En febrero «Acero» Cali fue demorado por la Policía, en pleno centro porteño, por andar con la Ferrari sin la patente.
El escándalo del “paraíso fiscal” que se armó en los municipios neuquinos de San Patricio del Chañar, Vista Alegre y Añelo -todos cercanos a Vaca Muerta-, donde se radicaron miles de vehículos de alta gama para pagar menos impuestos, no para de crecer y sus implicancias llegaron hasta el partido de Escobar.
En las últimas horas se empezaron a conocer los nombres de ricos y famosos que utilizaron esa alternativa para aliviar la carga impositiva sobre sus bolsillos. Y entre ellos apareció el ex campeón de kick boxing Jorge «Acero” Cali, quien mientras que intenta ganarse la bendición del gobernador Daniel Scioli para las próximas elecciones es denunciado como evasor por la agencia de recaudación bonaerense ARBA.
De acuerdo a lo informado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), entre los autos de alta gama que evaden los pagos de sus jurisdicciones se encontró una Ferrari 458 Spider descapotable (patente NQT 766) inscripta a nombre de la empresa Sport Entertainment Group S.A, de la cual es director suplente el precandidato a intendente recientemente afiliado al PJ.
El valor del vehículo, con el que es común ver andar a Cali, orilla el medio millón de dólares. El modelo tiene motor de ocho cilindros, cuenta con una potencia superior a los 570 caballos de fuerza y alcanza los 320 kilómetros por hora.
Aficionado a los autos de lujo, Cali ya había tenido problemas con sus joyas sobre ruedas: su 360 Modena azul fue protagonista de una causa judicial con el boxeador Jorge “La Hiena” Barrios y otra Ferrari suya aparecía siempre en la puerta de un casino clandestino que se le atribuía, en Lavalle al 3400, clausurado en junio pasado.
Otros famosos alcanzados por la investigación de ARBA son Sergio Schoklender, quien tenía una Ferrari F430 que ahora está inscripta a nombre del ex corredor de autos Gastón Roberto Berganza; Vanina Oneto, ex integrante de la selección nacional de hockey, que tiene a su nombre una camioneta Jeep Grand Cherokee (además, su marido, el médico Andrés Findor, tiene registrados un BMW x5 351 Avent y un Mercedez Benz SLK350) y la empresa Ecotrans SA (Grupo Plaza – Hermanos Cirigliano), con una flota de colectivos.
Evasión millonaria
ARBA detectó en los últimos días unos 20.000 autos de alta gama que fueron radicados ilegalmente en esa zona de Neuquén con la intención de aprovechar que los municipios de esa región cobran un gravamen irrisorio en concepto de patentes. La maniobra implica una evasión superior a los $10 millones anuales para el Fisco bonaerense.
Algunos de los autos que figuran registrados en los municipios de San Patricio del Chañar, Vista Alegre y Añelo son Audi, BMW, Mercedes Benz, Porsche y Ferrari. De ese total, 2.500 deberían tributar en la provincia de Buenos Aires. El resto tendría que hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, La Pampa y otras jurisdicciones.
“Increíblemente, miles de estos vehículos detectados estaban en una misma “cochera trucha”: un terreno baldío de 17 x 25 metros, propiedad del municipio de San Patricio del Chañar”, dijeron en ARBA.
El director de la Agencia de Recaudación, Iván Budassi, explicó que “en la provincia de Neuquén, la administración y fijación de los impuestos a los automotores la hacen las municipalidades. No es como en la mayoría de las provincias argentinas, donde quien fija los impuestos es la Legislatura provincial”.
En ese sentido, destacó que “al aplicar gravámenes muy bajos, ciertos municipios se convierten en verdaderos paraísos fiscales donde algunas concesionarias de automóviles y gestores alientan la inscripción de vehículos de alta gama que son propiedad de habitantes de otras provincias”.
Según el funcionario, “desde ARBA se va a presentar una denuncia penal por los presuntos delitos de falsedad ideológica de documento público y uso de documento falsificado”. Y también señaló que el organismo va a pedir a la Justicia que investigue y determine la participación y actividad de concesionarios, gestores, mandatarios registrales, escribanos y cualquier otra persona involucrada en la maniobra.
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