Escobar es uno de los tres municipios más afectados por los cortes de luz

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los cortes en los servicios de electricidad y de agua corriente que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) expusieron aún más la vulnerabilidad y la desigualdad social en la que viven amplios sectores de la población. Lejos de estar ajeno o distante de esa realidad, el partido de Escobar es uno de los ejemplos más descarnados.

Para ahondar y pasar a datos el impacto de esta situación, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, inició la semana pasada un relevamiento a través de medios virtuales y presenciales.

En apenas cinco días se recopilaron 385 casos testigo de problemas con el servicio eléctrico, en donde los distritos más afectados son La Matanza, Escobar y Florencio Varela, según difundieron diversos portales. De hecho, uno de los operativos se realizó el viernes en el barrio La Chechela, de Belén de Escobar, donde cientos de vecinos pasaron dos semanas sin agua corriente y con problemas de baja tensión (ver nota acá).

Al mismo tiempo, el organismo estableció una Mesa de Trabajo con el titular del ENRE, Federico Basualdo, para la resolución de casos urgentes en materia de mala facturación, cortes de luz y riesgo eléctrico. De igual manera con la titular de AySA, Malena Galmarini.

El informe realizado, además, destaca la situación particular de Quilmes, uno de los distritos del AMBA con mayores vulnerabilidades en acceso a derechos en sus barrios populares.

La red de energía eléctrica formal no sólo es condición necesaria para poder llevar adelante la vida cotidiana y la conectividad telefónica y digital como forma de acceso a otros derechos en tiempos de aislamiento, sino también es un servicio indispensable para proveer de calor a los hogares que no tienen conexión al gas natural, mientras se transita el invierno.

“Los derechos humanos de millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires están en riesgo si el acceso a la luz y al agua se ven interrumpidos, mal provistos, mal conectados y/o se tornan una estafa y/o una imposibilidad”, sostiene la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti.

«El servicio eléctrico es un derecho humano, y allí hay una vulneración de tratados internacionales y de nuestra Constitución”, plantea la funcionaria del ministerio que comanda Marcela Losardo.

Carpineti asegura también que “Acceso a la Justicia tiene que estar allí para evitar que haya ciudadanos de segunda, que tengan igualdad jurídica frente a las empresas y que logren la prestación del servicio de manera formal”.

Por estos motivos, la línea de atención seguirá vigente en el AMBA. El servicio de atención para hacer el reclamo mediante los Centros de Acceso a Justicia se extiende de lunes a viernes de 9 a 16; la línea de WhatsApp de CABA es 11 3310 8480; y la de provincia de Buenos Aires es 11 3310 7947.