El senador provincial Roberto Costa presentó un proyecto de ley para que el Estado provincial pueda expropiar los terrenos en donde funcionara el relleno sanitario de la empresa Transportes Olivos, a fin de realizar su remediación y minimizar los efectos nocivos de la contaminación que el basural seguiría produciendo en el Delta escobarense.
En la actualidad, el predio se encuentra clausurado preventivamente por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), que procedió a su cierre en junio de 2008 y desde entonces no ha resuelto la situación del caso.
Aunque esta indefinición del organismo de control haría difícilmente viable su propuesta, la iniciativa promovida por el radical Costa plantea declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en los predios linderos a la ruta provincial Nº 25, dentro de la zona de islas de Escobar. El objetivo es proceder a su remediación, eliminando o minimizando los efectos de la contaminación que los afecta, llevando adelante un plan de saneamiento que posibilite destinarlos a espacios verdes.
“El traslado y tratamiento de residuos representa una tarea extremadamente importante y delicada -señaló el senador-, “tanto para los organismos provinciales responsables de supervisar y controlar la forma en que esta se realiza como para los municipios que, complementariamente o en forma subsidiaria, se relacionan con el tema”.
“Estos inmuebles fueron utilizados hasta hace muy poco tiempo para la disposición final de residuos sólidos urbanos a cielo abierto y deberán ser transferidos a la provincia de Buenos Aires, a fin de sanearlos y destinarlos a espacios verdes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la zona y la recuperar el potencial turístico y productivo de la franja del Delta”.
“Anteriormente se utilizaba otro predio en Loma Verde, operado por la empresa Transportes Olivos S.A. Fue clausurado en 1994 debido a las múltiples denuncias de los vecinos y ediles de Escobar. Se comprobó que en el mismo se volcaban no sólo residuos domiciliarios sino también patológicos. Esto derivó en una causa penal y se ordenó el cierre definitivo y saneamiento del área. Se llamó a licitación y, extrañamente, resultó nuevamente adjudicataria la misma empresa”.
“En esta ocasión el predio afectado resultó una fracción de tierra de la zona de islas de Escobar. El hecho suscitó el airado reclamo de vecinos de la Isla y de todo el distrito. Expertos en el tema alertaron sobre los inconvenientes no sólo de la ubicación elegida sino también por las condiciones del terreno a utilizar. Se terminó afectando gravemente la calidad de vida de los lugareños, así como ocasionando un fuerte impacto negativo en el potencial turístico y productivo de la zona de las Islas”.
“Los efectos nocivos en la salud de los lugareños fueron minimizados por los responsables. Se desconoce la calidad, cantidad y toxicidad de los residuos”.
“Hay que tener en cuenta que una equivocada o negligente manipulación de los mismos implica un serio peligro para la salud de los habitantes de la zona”.
“El estado actual de este predio representa una situación absolutamente disvaliosa para el entorno y el desarrollo del turismo regional, cuestión que contradice las políticas nacionales y provinciales destinadas a promoverlo”.
Finalmente, Costa remarcó que “cuando como en este caso se exceden los marcos de referencia normales, la intervención del Estado debe ser urgente y efectiva. La empresa que estuvo operando este predio no se está ocupando de su saneamiento, sólo realizó tareas para cubrirlo de tierra. Creemos que la expropiación sería la única vía posible para asegurar su recuperación”.
Las diez hectáreas de basura fueron cubiertas con tierra después de la clausura del OPDS.
El senador provincial Roberto Costa presentó un proyecto de ley para que el Estado provincial pueda expropiar los terrenos en donde funcionara el relleno sanitario de la empresa Transportes Olivos, a fin de realizar su remediación y minimizar los efectos nocivos de la contaminación que el basural seguiría produciendo en el Delta escobarense.
En la actualidad, el predio se encuentra clausurado preventivamente por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que procedió a su cierre en junio de 2008 y desde entonces no ha resuelto la situación del caso.
Aunque esta indefinición del organismo de control haría difícilmente viable su propuesta, la iniciativa promovida por el radical Costa plantea declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en los predios linderos a la ruta provincial Nº 25, dentro de la zona de islas de Escobar. El objetivo es proceder a su remediación, eliminando o minimizando los efectos de la contaminación que los afecta, llevando adelante un plan de saneamiento que posibilite destinarlos a espacios verdes.
“El traslado y tratamiento de residuos representa una tarea extremadamente importante y delicada -señaló el senador-, tanto para los organismos provinciales responsables de supervisar y controlar la forma en que esta se realiza como para los municipios que, complementariamente o en forma subsidiaria, se relacionan con el tema”.
“Estos inmuebles fueron utilizados hasta hace muy poco tiempo para la disposición final de residuos sólidos urbanos a cielo abierto y deberán ser transferidos a la provincia de Buenos Aires, a fin de sanearlos y destinarlos a espacios verdes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la zona y recuperar el potencial turístico y productivo de la franja del Delta”.
“Anteriormente se utilizaba otro predio en Loma Verde, operado por la empresa Transportes Olivos S.A. Fue clausurado en 1994 debido a las múltiples denuncias de los vecinos y ediles de Escobar. Se comprobó que en el mismo se volcaban no sólo residuos domiciliarios sino también patológicos. Esto derivó en una causa penal y se ordenó el cierre definitivo y saneamiento del área. Se llamó a licitación y, extrañamente, resultó nuevamente adjudicataria la misma empresa”.
“En esta ocasión el predio afectado resultó una fracción de tierra de la zona de islas de Escobar. El hecho suscitó el airado reclamo de vecinos de la Isla y de todo el distrito. Expertos en el tema alertaron sobre los inconvenientes no sólo de la ubicación elegida sino también por las condiciones del terreno a utilizar. Se terminó afectando gravemente la calidad de vida de los lugareños, así como ocasionando un fuerte impacto negativo en el potencial turístico y productivo de la zona de las Islas”.
“Los efectos nocivos en la salud de los lugareños fueron minimizados por los responsables. Se desconoce la calidad, cantidad y toxicidad de los residuos”.
“Hay que tener en cuenta que una equivocada o negligente manipulación de los mismos implica un serio peligro para la salud de los habitantes de la zona”.
“El estado actual de este predio representa una situación absolutamente disvaliosa para el entorno y el desarrollo del turismo regional, cuestión que contradice las políticas nacionales y provinciales destinadas a promoverlo”.
Finalmente, Costa remarcó que “cuando como en este caso se exceden los marcos de referencia normales, la intervención del Estado debe ser urgente y efectiva. La empresa que estuvo operando este predio no se está ocupando de su saneamiento, sólo realizó tareas para cubrirlo de tierra. Creemos que la expropiación sería la única vía posible para asegurar su recuperación”.