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La polémica por la construcción del puerto de regasificación en el kilómetro 73 del Paraná de las Palmas empezó a escribir esta semana un nuevo capítulo. Esta vez en el Juzgado Federal de Zárate-Campana, donde un grupo de vecinos escobarenses radicó una denuncia penal en la que solicitan que se investigue la posible comisión de varios ilícitos por parte de autoridades nacionales, provinciales y municipales.
En una presentación de 39 fojas a la que tuvo acceso El Día de Escobar, los denunciantes afirman que la construcción se inició sin que se hayan cumplido los requisitos previos más elementales para un emprendimiento de tamaña envergadura. Por caso, el llamado a audiencia pública para informar a la comunidad sobre las características de la mega obra.
Más grave aún, afirman que la puesta en marcha de la terminal portuaria comportará un altísimo riesgo para la población y el medio ambiente. “Es como una potente bomba de tiempo”, sostienen.
Para dar asidero a esa analogía, rememoran antecedentes gravísimos de puertos de gas licuado de otros países. En México, en 1984, murieron 500 personas y las llamas alcanzaron 300 metros de altura. Mientras que en 2004, en Argelia, una fuga causó la muerte de 27 personas, 74 heridos y una docena de trabajadores desaparecidos. Esa vez, la explosión destrozó los vidrios de ventanas en un radio mayor a 8 kilómetros.
En ese contexto, uno de los delitos que consideran flagrante en las autoridades es poner “en peligro inminente de daño la vida de la población civil” (artículo 106 del Código Penal). Señalan, en ese aspecto, la “explosión en dimensión de estrago” que podría producir en zonas urbanas “el poder extremadamente inflamable del gas metano concentrado 600 veces”.
La denuncia penal, patrocinada por el abogado Enrique Ferreccio Altube, vuelca sospechas y cuestionamientos sobre funcionarios de diverso rango –entre otros, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido-, pero en numerosos párrafos centra su mirada sobre el comportamiento del intendente Sandro Guzmán. En cuanto a él, piden que se investigue si incurrió en los delitos de “encubrimiento”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “peligro” y “abuso de poder”.
Asimismo, los denunciantes -varios de ellos, miembros de asociaciones ambientalistas- apuntan contra la unión transitoria de empresas constituida por YPF y Enarsa, responsable del emprendimiento. Piden que se las investigue por perjudicar la navegación, usurpar bienes del dominio público y poner en peligro a la población, entre otros ilícitos.
Por lo pronto, la puesta en marcha del cuestionado puerto de regasificación está prevista para el 8 de junio y, para el Estado nacional, significará la solución coyuntural al abastecimiento de gas natural en épocas de alta demanda.
Amarró en Escobar el buque regasificador
Desde el domingo 15, un inmenso buque regasificador de bandera belga se encuentra amarrado en el puerto construido a la vera del kilómetro 73 del Paraná. Tiene 291 metros de eslora y 47 metros de manga, su capitán es francés y su tripulación filipina.
La función de esta embarcación será recibir y almacenar el gas natural licuado que llegue en otros barcos metaneros y desde allí enviarlo a la central de distribución ubicada en Exaltación de la Cruz, mediante una cañería de 30 kilómetros.
Proveniente de Qatar, su primera carga estaría llegando a aguas escobarenses este sábado 28. Se trata del buque metanero Artic Spirit.
El buque regasificador belga, en aguas del Paraná de las Palmas. Recibirá su primera carga este sábado 28.
