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DIRECTOR DE EL DIA DE ESCOBAR
CIRO D. YACUZZI
DE NUESTRA CONSIDERACION:
El estudio hidráulico y en menor medida socio ambiental, realizado en 2015 por la Consultora Serman (pliego 2406 2391_11 de licitación de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obas Hidráulicas –DIPSOH-, nivel de «prefactibilidad”) está basado en una modelación y simulación numérica seria, que a pesar de tener pocos datos pluviométricos e hidrométricos, esta calibrada correctamente con la inundación de 2014. Lo que le da un aceptable nivel de realidad. De acuerdo a mi capacidad de entendimiento técnico -aunque no muy hidráulico, y que puede ser limitado-, es un estudio válido para dar un marco a la “integridad” de las acciones en la Cuenca. Y además, creo que no se puede cuestionar este estudio sino con argumentos técnicos que, como en todo estudio de técnico-científico, debe contrastarse con otro estudio con las mismas herramientas matemáticas y los mismos datos.
Lo que me parece cuestionable es que no se tocan en las apuradas decisiones y reclamos políticos -no en el estudio, que es técnico y no tiene por qué hacerlo- las causas del agravamiento de las inundaciones producidas por el río -endémicas y naturales si se analizan desde dos siglos- debidas a las complicidades y corruptelas de los organismos de control provincial y municipal, que permitieron no solo emprendimientos «irregulares” sino ilegales en la cuenca media-baja, y cambios de ocupación del suelo rural en la cuenca alta.
Prueba de esto es que para el caso de Pilar, en el sitio web de registros del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) figura un solo emprendimiento con la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental -en trámite todavía-, y los demás ni siquiera lo han tramitado. Resulta muy sospechoso que las autoridades administrativas de los municipios y la Provincia hayan permitido esta ilegalidad. ¿No se miran estos expedientes? Si están a la vista del público en la web, ¿no los ven las autoridades con más recursos?
De todos modos, eliminar estas causas de agravamiento, es decir hacer relocalizar los barrios privados y cerrar los canales y volver al uso ganadero de la cuenca alta NO elimina el riesgo de inundación y a lo sumo vuelve el nivel de riesgo a por ejemplo el del 1911, donde se inundó con un metro de agua el Colegio Marista de Lujan.
La ocupación de tierras bajas por pobladores -humildes y no tan humildes- en Lujan, en Mercedes, en Pilar, Escobar y Tigre requieren una solución social, es una realidad. Seguramente algunos deberán ser relocalizados aún con «obras», como deberían relocalizarse los que están en emprendimientos ilegales o «irregulares»: lo dice el mismo estudio.
Sea como fuere, lo primero es la delimitación de la línea de ribera como el estudio aconseja, referida al Código de Aguas de la Provincia, pero con las condiciones anteriores a las obras y a la ocupación de los emprendimientos usando como guía técnico científica para el trazado de la poligonal que separa espacio público del privado las manchas de inundación de la modelación del estudio SIN OBRAS, -las condiciones geomórficas anteriores a la antropización- cuyos gráficos figuran con toda claridad en los documentos del estudio y coinciden aproximadamente con la opinión del Geólogo Malagnino. Esto es: «Si se hubiera delimitado la línea de ribera correctamente en su momento, no habría necesidad de obras», pero sí de relocalizaciones de invasiones antrópicas humildes o suntuarias. Coincido con esta mirada que es la de la mayoría de las organizaciones ambientales de la cuenca.
El apuro en hacer obras, no solo va a dar lugar a grandes perjuicios ambientales, sino a enormes negocios de la corporación de contratistas unida a los funcionarios pícaros, como ha ocurrido en el gobierno anterior, de lo cual es un ejemplo las dos limpiezas absurdas de 70 millones de pesos cada una del Ministro Arlia. Además es necesario un tiempo de participación ciudadana y control de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para dar condiciones ambientales a las obras, y eso no se hace solo por «necesidad de mostrar obras» como manifestó algún Intendente. Atrás de esas palabras «obras» esta la plata para los intendentes, para los contratistas y para los pícaros. La plata saldrá de créditos para infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o de algún otro «prestamista» que no los daría para gastos corrientes, pero que se van a utilizar en parte en esos gastos y en corrupción y en partes menores en las obras improvisadas que quedaran para el recuerdo, como algún puente ensanchado y una que otra ampliación de cauce sin un mínimo de control ambiental, materia para juicios interminables en el futuro.
¿Que propongo? En principio exigir el funcionamiento orgánico del Comité de Cuenca, que es un órgano legal de la Autoridad del Agua (ADA) y no dejar un tema tan serio como nuestra cuenca en la tutela discrecional de la DIPSOH, y luego creo necesaria la aceptación de la participación crítica de la Comisión Asesora por el Comité de Cuenca, pero sobre todo es necesario dedicación y tiempo de estudio de cada obra en su segunda etapa de «factibilidad e ingeniería de detalle» con la participación ciudadana REAL en las audiencias públicas que la ley exige para que el OPDS resuelva las DIA correspondientes. Es decir, cumplir las leyes vigentes y participación. Mucha participación ciudadana. Es una oportunidad para nosotros ciudadanos y para la revalorización del estado provincial como custodio “republicano”, es decir custodio de la “res pública”, de la cosa pública.
Termino con una frase de Martín Luther King: «Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de la buena gente».
Leopoldo Freisztav Marino, Espacio NaturaNaturata
espacio@naturanaturata.net
