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Final en paz. Un joven carga un colchón en un auto. De fondo, una larga hilera de policías.
La policía montó un impresionante operativo para garantizar que se cumpla la orden judicial. Pero los vecinos aceptaron irse voluntariamente. Con lágrimas en los ojos, se llevaron lo que pudieron de sus casas antes de que las prendan fuego.
Con dolor, impotencia y angustia, las cincuenta familias que habitaban un predio de cinco hectáreas en el barrio Stone, en Belén de Escobar, aceptaron esta mañana abandonar pacíficamente los terrenos que aseguran haber comprado de buena fe y donde habían construido sus casas, ante un impresionante despliegue de fuerzas policiales cuya intervención directa no fue necesaria.
La orden de desalojo había sido impartida la semana pasada por el juez de Garantías Nº3 de Escobar, Luciano Marino. Desde entonces, los vecinos realizaron varias movilizaciones al Palacio Municipal (ver nota acá) y manifestaciones en la autopista Panamericana, reclamando una prórroga y que se forme una mesa de diálogo entre las partes, con mediación de funcionarios. Pero no hubo freno ni marcha atrás.
Las familias aseguran haber adquirido los terrenos creyendo que eran fiscales y dicen tener los boletos de compra-venta (de hecho, varios vecinos los mostraron a la prensa), pero aparentemente habrían sido estafadas por supuestos agentes inmobiliarios que los contactaron a través de Facebook.
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El informal loteo, que está ubicado sobre la calle Sargento Cabral, casi en el límite entre los barrios Stone y San Luis, pertenece a una empresa denominada Nueva Maschwitz SRL, que prevé construir en esas tierras un barrio cerrado.
Los vecinos se fueron instalando desde hace más de un año. La mayoría construyeron casas de material y creyó que en esa porción de tierra se quedarían para siempre.
“Acá somos todos trabajadores: colectiveros, camioneros, carniceros. No ocupamos nada. Pero ahora nos dicen que los papeles que tenemos no sirven y que tenemos que irnos”, expresó un vecino a uno de los tantos canales de televisión que se acercaron esta mañana a cubrir el desalojo.
Varios testimonios mencionaron el nombre de Carlos César Costa, un martillero escobarense que es hermano del jefe del bloque de senadores provinciales de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, y tío del ex concejal y dos veces candidato a intendente por esa fuerza política, Leandro Costa. El rol que habría tenido no está claro, pero hay quienes lo vinculan a las personas que ofrecieron en venta esos terrenos el año pasado.
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«Compramos hace dos años el terreno. El mismo que nos vendió es el que pidió el desalojo, tienen un negocio común con el Municipio», afirmó ante las cámaras de TN un vecino de nombre Miguel.
Las escenas en el lugar eran impactantes, desgarradoras. Mientras que las calles estaban pobladas de efectivos policiales -llegaron antes de que amanezca-, los vecinos sacaban las pertenencias de sus casas con lágrimas en los ojos y una tristeza indescriptible. Convencidos de no haber hecho nada ilegal y de ser victimas de una estafa. Del sueño de la casa propia a la pesadilla del desalojo.
Muchos, además, se endeudaron para poder construir sus viviendas. Pero lo que no pudieron llevarse, fue prendido fuego sin más contemplación. Una escena que partía el alma de cualquiera.
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que conduce Andrés Larroque, montó en las inmediaciones «un puesto de atención para trabajar en las soluciones de cada caso para que nadie quede desamparado», según afirmaron desde esa cartera.
Trascendió que las familias recibirían un subsidio para poder alquilar temporalmente un techo, mientras se evaluaría en profundidad la situación de cada una para ir avanzando en soluciones de fondo.
En el desalojo también estuvo presente la fiscal Paula Gallotti, de la Fiscalía Nº3, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, quien controló el despliegue de las fuerzas policiales. Pero a diferencia de lo que pasó en Guernica y en otros casos de disputa de tierras, en el barrio Stone no hubo violencia, enfrentamientos ni represión.
Los vecinos decidieron irse pacíficamente, masticando bronca por lo que consideran una estafa con tintes políticos en la que los únicos perjudicados fueron ellos.
