El Intendente reveló que recibió amenazas extorsivas contra él, su esposa y sus hijos

En una conferencia de prensa que ofreció este mediodía en el Palacio Municipal, el intendente Ariel Sujarchuk reveló haber recibido amenazas extorsivas contra él, su esposa y sus hijos por parte de un militante de Cambiemos, que fue identificado y está procesado, a la espera del juicio oral.

El hecho tuvo lugar la noche del 12 de junio de 2016, cuando un usuario de Facebook, bajo el alias “Fierita”, lanzó amenazas extorsivas en la cuenta privada del jefe comunal con una nota de audio y un escrito de similar tenor. «Dejate de joder con el hospital –NdR. Se refiere a la construcción de la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín-

o te vamos a secuestrar a tu familia. Estamos re enfierrados. Vamos a ir a buscar a tus hijas, a tu señora, a todos, la concha de tu madre. Cortá el hospital porque vamos a secuestrar a toda tu familia», decían los mensajes.

«Confieso que apenas sucedió lo minimicé. Pero me hicieron ver que no podía dejar pasar algo así, porque si se llegara a concretar me hubiera arrepentido toda mi vida», explicó el jefe comunal.

A partir de su denuncia, la fiscal María Paula Gaggiotti inició una investigación y logró determinar la identidad del agresor, lo que permitió su aprehensión y procesamiento. Se trata de Lautaro Agustín Urrutia, un joven de 21 años oriundo de Garín que no registra antecedentes penales.

Al allanar su vivienda y aprehenderlo, los agentes policiales que realizaron el procedimiento no encontraron armas pero sí una llamativa cantidad de teléfonos celulares. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue la reacción intempestiva de la madre, María Luján Jaime, que lanzó fuertes insultos contra el jefe comunal. Esto le valió una denuncia por el delito de amenazas a la mujer, que casualmente es empleada municipal.

Tanto Jaime como su hijo están siguiendo el procesamiento en libertad y se encuentran a la espera del juicio oral por los delitos de extorsión y amenazas.

A partir de sus mensajes en las redes sociales, los investigadores determinaron que ambos son militantes de Cambiemos y comparten habitualmente encuentros y actividades con el senador provincial Roberto Costa y su hijo, el concejal Leandro Costa.

“En la vida hay límites que no se pueden pasar y realmente este tipo de amenazas y extorsiones exceden todos los límites. No lo quise hacer público en época de campaña ni tampoco seguiré hablando sobre el tema porque no me interesa victimizarme», sostuvo Sujarchuk.

Además, «lamentó» que el senador Costa «en vez de repudiar el hecho, le haya ofrecido asistencia legal a Jaime». Se basó en que la mujer había publicado un mensaje en Facebook donde le agradecía por poner a su disposición al abogado local Carlos Paniagua para ejercer su defensa.

«No estoy diciendo que el senador o el concejal Costa hayan instigado esto. Siempre digo que en todos lados hay buenos y malos. Podría pasar en mi espacio también que alguien tenga una inconducta. Pero hubiera esperado una condena política ante algo tan grave», expresó Sujarchuk.

Junto al intendente estuvieron su abogado, Nicolás Serruya; el secretario de Desarrollo Territorial, Alberto Ramil; y la subsecretaria de Gobierno, María Laura Guazzaroni. Los tres, además, son candidatos a concejales de Unidad Ciudadana.

«No vamos a entrar en el juego de judicializar la política»

En otro tramo de la rueda de medios, el intendente cuestionó a quienes pretenden «judicializar la política», en referencia a denuncias contra él y algunos de sus colaboradores promovidas por sectores de la oposición, las cuales fueron recientemente desestimadas por la Justicia.

Son tres denuncias. La más conocida es la que impulsó el senador Roberto Costa en la campaña de 2015 al pedir que se investigue al entonces candidato a intendente del Frente para la Victoria por supuestos desvíos de fondos del programa «Argentina Trabaja» para su campaña.

Otra presentación judicial que también quedó en la nada fue la que presentó un colaborador del concejal Jorge «Acero» Cali, Miguel Beláustegui, quien denunció la existencia de un «negociado millonario» entre el Municipio y Consultatio por una cesión de tierras que fue convalidada por el Concejo Deliberante.

La tercera denuncia involucró al secretario de Desarrollo Territorial, Alberto Ramil. Un vecino del barrio Amad, de Garín, llamado Fernando Iglesias, pidió que se lo investigue por falsificar documentos públicos. Pero al ser citado a declarar se corrigió diciendo que no le constaba que el hecho haya ocurrido. El jefe comunal no dudó en señalar a Iglesias como «socio político» de Mabel Ponce, actual concejal de Cambiemos.

“Las tres causas se iniciaron a partir de denuncias sin fundamento impulsadas por dirigentes de la oposición local contra mi persona y contra distintos funcionarios municipales de probada honestidad y vocación de trabajo. En todos los casos, las acusaciones carecían de sustento legal y por eso fueron rechazadas por la Justicia», remarcó el intendente.

«Creemos que las diferencias políticas hay que saldarlas en el ámbito democrático y por eso no vamos a entrar en el juego que proponen algunos inescrupulosos de judicializar la política desprestigiando a otros dirigentes. Nosotros buscamos prevalecer políticamente con más gestión, más trabajo, corrigiendo los errores y haciendo las cosas bien”, concluyó.