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Pablo Llonto sostuvo que "hay 125 pruebas penales" contra Patti y los otros cuatro acusados.
Una de las querellas en el juicio oral al ex subcomisario Luis Patti por delitos de lesa humanidad advirtió este jueves que los crímenes del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto y del militante montonero Gastón Goncalvez fueron cometidos como parte de un “plan criminal” equiparable a un “genocidio”, al reclamar prisión perpetua para todos los acusados.
“Las víctimas de las familias que represento fueron víctimas de un genocidio” perpetrado en la última dictadura militar, consideró el abogado Pablo Llonto en el alegato final hecho ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que juzga a Patti, al ex dictador Reynaldo Bignone, al ex comandante Santiago Omar Riveros, al ex comisario Juan Fernando Meneghini y al ex oficial de inteligencia del Ejército, Martín Rodríguez.
Llonto y la abogada Ana Oberlín pidieron condenas de prisión perpetua para todos los acusados en la misma sintonía de las penas solicitadas ya por la fiscalía en el alegato hecho en diciembre pasado.
Tras el receso estival, este jueves fue el turno de los representantes de las familias de los asesinados Muñiz Barreto y Gonçalvez, y de otros dos jóvenes militantes de Escobar desaparecidos, cuyos restos no fueron encontrados, los hermanos Luis y Guillermo D’Amico.
El alegato comenzó poco antes de las 10, con Patti siguiendo las alternativas del juicio desde una ambulancia estacionada junto a una entrada del auditorio Hugo del Carril, en la localidad bonaerense de José León Suárez, hasta que según su abogado defensor, Alfredo Bisordi, sufrió una descompensación.
Esto obligó a una revisión médica, que dio cuenta de una descompensación a raíz de una baja de presión de Patti, ante lo cual la presidenta del tribunal, Lucila Larrandart, dispuso que se lo traslade de vuelta a la clínica Fleni de Escobar, donde está internado tras un accidente cerebrovascular, aunque tiene dictada prisión preventiva en su contra.
Si bien no está tipificado como delito, Llonto pidió a los jueces que “contemplen la figura del genocidio en la sentencia porque nuestro país formó ejércitos y fuerzas policiales genocidas, se incorporaron doctrinas para justificar la tortura y eliminación de personas, y Argentina agregó el sello característico y lamentable para nuestra historia de los ‘vuelos de la muerte’”.
Los querellantes afirmaron que a lo largo del juicio se reunieron “125 pruebas penales” contra los acusados y en el caso de Patti quedó demostrado que como oficial subinspector en Escobar del 4 de enero de 1972 al 7 de marzo de 1977, “en el marco de un genocidio cometió privación ilegal agravada” contra seis víctimas, además de “tormentos agravados por ser perseguidos políticos” a Muñiz Barreto, Gonçalvez y los hermanos D´Amico, y el «homicidio triplemente agravado de Gonçalvez”.
Una planificación perversa
“Hubo un plan delictivo, una organización criminal cuyo fin último era matar a quienes llamaban subversivos. Los cinco acusados querían convertirse en participantes de esa empresa que tenía un propósito criminal común: el exterminio de todos los militantes políticos que ellos consideraban subversivos”, agregó Llonto.
Para la querella quedó probado que las víctimas fueron secuestradas en Escobar y llevadas primero a un camión celular estacionado en los fondos de la comisaría, que había quedado bajo la órbita de Institutos Militares tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
A Bignone, como comandante de Institutos Militares, se lo responsabilizó por el crimen de Muñiz Barreto, quien según la causa fue secuestrado por Patti en una carnicería de Escobar, llevado a la seccional y de allí trasladado al centro clandestino de detención conocido como “El Campito” en Campo de Mayo.
Desde allí fue sacado junto a su secretario, Juan Fernández, rumbo a Entre Ríos, donde se simuló un accidente de tránsito para matar a los dos, pero este último sobrevivió y dejó un testimonio ante escribano público sobre lo ocurrido antes de exiliarse a Europa, donde falleció tras declarar ante una comisión que documentaba casos de violaciones a los derechos humanos en Argentina.
Tras aludir a la “perversidad” de Bignone, Llonto lo consideró culpable de todo lo ocurrido bajo su órbita de mando y pidió que se lo condene en particular por el homicidio de Muñiz Barreto, al igual que al ex jefe del Grupo Especial de Institutos Militares, Rodríguez, detenido hace un año tras permanecer durante años como profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Salta.
Rodríguez, alias “El Toro”, está acusado de haber sido uno de los torturadores de Muñiz Barreto y su secretario en «El Campito».
Al describir cómo se operó en Escobar, Llonto recordó que una vez Patti le dijo al hermano del luego secuestrado Gastón Gonçalvez, de 25 años, que “era peligroso porque avivaba giles” e interpretó que al luego intendente de Escobar y fallido diputado “le molestaba que hubiera jóvenes en la militancia para abrir conciencia social, política, laboral, gremial”.
“En el caso de Patti y Meneghini (su jefe en Escobar) pretendían llevar a su territorio esta limpieza absoluta, y focalizarla en el territorio de Escobar y Garín”, sostuvo el abogado ante los jueces Lucila Larrandart, Horacio Segretti y María Lucia Cassain.
Meneghini, único procesado presente en la sala de audiencias, quedó acusado por los secuestros de cinco víctimas y por el secuestro y asesinato de Gonçalvez, cuyo cuerpo calcinado apareció junto a otros tres en el entonces paraje El Cazador, tras haber estado detenido ilegalmente y ser torturado en la seccional a cargo del ex comisario.
Según se sostiene, fue Patti quien secuestró a Gonçalvez y lo torturó en Escobar para luego asesinarlo en ese fusilamiento de presos, cuyos cuerpos estuvieron enterrados más de 20 años como NN en el cementerio local, hasta que una empleada formuló la denuncia durante la Intendencia del ahora procesado, y fueron exhumados e identificados.
Para la querella “hubo una planificación conjunta de la represión ilegal en el Gran Buenos Aires que incluía a Garín y Escobar bajo la dependencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo”, cuya máxima autoridad era el ahora también juzgado Riveros.
En ese marco “hubo un circuito que comenzaba en la comisaría de Escobar o Garín, seguía en la Unidad Regional y terminaba en Campo de Mayo, como le pasó a Muñiz Barreto. Allí se decidía el destino final del secuestrado o a veces en la misma comisaría, como les ocurrió a Gonçalvez y los hermanos D’ Amico”, concluyó Llonto.
La etapa final del juicio continuará con los alegatos de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y bonaerense -también querellantes en la causa-; luego será el turno de las defensas, últimas palabras de los acusados y para marzo se espera el veredicto.
