Edificios fuera de la ley: Altos de Artigas pagará una multa de $2,5 millones

Durante los últimos diez años, la construcción de edificios en altura en el centro de Belén de Escobar proliferó fuera de control. Inmuebles de cuatro, ocho, diez y hasta doce pisos plagaron el corazón de la ciudad al amparo de una absoluta falta de planificación urbana y la complicidad de las autoridades locales. A tal punto, que algunos desarrolladores aprovecharon la ausencia de rigor para construir una superficie mayor de la que habían declarado. Y algunos casos empezaron a salir a la luz.

El Día de Escobar pudo saber que Altos de Artigas, un complejo habitacional de dos torres de diez pisos ubicado al 442 de la calle Asborno -a cuadra y media de la plaza principal de Belén de Escobar-, acaba de ser multada por la friolera de $2.500.000. ¿El motivo? Haber construido ilegalmente más de 900 metros cuadrados.

El emprendimiento inmobiliario excedió los cálculos de FOT (Factor Ocupacional Total) y Factor de Ocupación de Suelo (FOS) previstos en la ordenanza 478/88 y la ley provincial 8912/77, según informaron fuentes consultadas por este medio.

Así dadas las cosas, el consorcio responsable de Altos de Artigas aceptó el importe de la multa impuesta por el Ejecutivo y acordó un plan de pagos que inició este jueves, con un primer desembolso de $1.500.000 y seis cuotas mensuales por el resto. Dicen en el Municipio que es la exacción más cara que se haya cobrado en Escobar.

Aunque la recaudación de las multas no se asigna a partidas específicas sino que va a la renta general de la administración, desde la Comuna aseguraron a El Día de Escobar que los ingresos por este tipo de situaciones «se  destinarán enteramente a obras de infraestructura en el partido de Escobar».

El de Altos de Artigas no es, desde ya, el único caso (ver: El Municipio clausuró obras en edificios que excedieron la altura permitida). Recientemente, una de las torres de César Díaz y Colón debió pagar $680 mil de multa, también por haber construido más superficie de la declarada.

Los dos casos totalizan un importe de casi $3,2 millones, que además de oxigenar las arcas municipales para ejecutar obras públicas resultan sin dudas una sanción ejemplificadora: difícilmente a partir de estos antecedentes haya inversores inmobiliarios que se arriesguen a transgredir la normativa a sabiendas de las multas que podrían tener que afrontar.