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El sacerdote Javier Olivera Ravasi, que organizó una reunión de diputados libertarios con represores, entre ellos Alfredo Astiz, en la cárcel de Ezeiza, fue echado de la Diócesis de Zárate-Campana por las “numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano”.
La sanción se tomó luego de que la propia Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emita un comunicado tomando distancia de las gestiones que hizo el cura y de fuertes gestos del papa Francisco, que recibió a víctimas de la última dictadura militar.
Desde la diócesis, que desde diciembre de 2015 está a cargo del obispo Pedro Laxague, dieron a conocer la noticia este jueves en un comunicado. “Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder”, consignó la comunicación.
“Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta diócesis”, detalló el informe del Obispado.
Olivera Ravasi es hijo del ex militar Jorge Antonio Olivera, también condenado por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el secuestro y desaparición de la modela Marie-Anne Erize. Fue el organizador de la reunión de seis diputados del bloque de La Libertad Avanza, que responde al presidente Javier Milei, con una decena de condenados por delitos de lesa humanidad, que reclaman salir de la prisión debido a que tienen más de 70 años.
“El sacerdote, presbítero Javier Olivera Ravasi, está incardinado en la Diócesis de San Rafael, provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años. Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre”, señaló el Obispado. El cura dejó el lugar, pero “retornó varias veces sin aviso”.
El sacerdote defensor de genocidas ejercía sus servicios pastorales en el barrio privado San Benito, situado en el límite entre las localidades de Ingeniero Maschwitz y Benavídez, donde funciona la capilla y la sede central de la Orden San Elías.
Un episodio de mucha tensión se vivió en las puertas de ese templo a fines del año pasado, cuando varios feligreses se agarraron a golpes de puño. En ese momento, El Día de Escobar publicó una nota sobre ese suceso, los polémicos antecedentes del sacerdote y sus vínculos con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
💒 A las piñas en la puerta de una capilla: escándalo en un country de Maschwitz
— El Día de Escobar (@eldiadeescobar) December 5, 2023
El bochornoso episodio ocurrió en el barrio San Benito, donde está la sede de la Orden San Elías.
Denuncian que es un grupo que usa controvertidas técnicas de captación. https://t.co/dL3Mi1iuza pic.twitter.com/NULNbNWn7k
Perfil de un cura díscolo y pro-dictadura
Nacido el 12 de septiembre de 1977, Javier Olivera Ravasi estudió en el ultraconservador Instituto del Verbo Encarnado (IVE), en Mendoza. Es abogado, se doctoró en Filosofía e Historia y fundó la Orden de San Elías, a la que define como “una sociedad de vida apostólica que tiene por fin la misión ad gentes y el apostolado de la contra-revolución cultural”. Sus manifestaciones públicas -es muy activo en redes sociales- generaron fuerte malestar en la Iglesia.
De su paso por el IVE, el cura está incardinado o forma parte de la Diócesis de San Rafael, pero tenía permiso para actuar y residir en Zárate-Campana. De hecho, había fundado la mencionada capilla en el barrio privado San Benito, desde la que daba misa y ofrecía servicios religiosos.
Sin embargo, su principal actuación no tiene que ver con el suministro de los sacramentos, sino que desarrolla una actividad que excede por mucho la que se realiza dentro de los templos. Olivera Ravasi está embarcado en lo que él denomina la “contra revolución cultural”, que va desde el rechazo a las doctrinas de género, a la ley del aborto y la crítica a la cosmovisión progresista, incluso dentro de la propia Iglesia Católica.
Participa en redes sociales y tiene el sitio y el canal de YouTube Que No te la Cuenten, desde donde expone sus ideas de fuerte raíz tradicionalista y conservadora. En el Episcopado de la Argentina sus posiciones -algunas que confrontan con las del papa Francisco- eran observadas con atención antes de que ocurriera la reunión en la cárcel federal de Ezeiza con los detenidos por delitos de lesa humanidad.
El vocero de los obispos, Máximo Jurcinovic, advirtió en una declaración oficial en medio de la asamblea que llevaba adelante la cúpula eclesiástica que “lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la CEA”. Y agregó que “se trata de una acción particular y personal del mencionado sacerdote”.
“Dicha visita a la cárcel de Ezeiza se encuentra dentro de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Lomas de Zamora. La mirada de la Iglesia Argentina sobre este tema se encuentra presente en la publicación realizada el año pasado en los 3 tomos de la edición La verdad los hará libres, que fue encargada por la Conferencia Episcopal Argentina a la Universidad Católica”, afirmó.
Tras tomar estado público que Olivera Ravasi había organizado la reunión con los condenados -la figura de Astiz era la más “famosa”, pero había otros con penas más altas- y se difundiera la foto de ese encuentro, el escándalo en la Iglesia subió de tono y también en el ámbito político.
Además, el presidente y el vice de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea y Marcelo Colombo, recibieron a organismos de derechos humanos y les manifestaron que la actuación de Olivera Ravasi no representa el pensamiento ni la acción de la Iglesia Católica. Ambos se reunieron con integrantes de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la seccional La Matanza de esa entidad, HIJOS Capital, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos y la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte.
