Desalojo en el barrio Stone: Señalan como responsable al hermano de Roberto Costa

Cincuenta familias fueron desalojadas este martes de un predio ubicado en el barrio Stone, en Belén de Escobar, en el marco de un impresionante operativo de seguridad. Aparentemente, fueron víctimas de un engaño por parte de personas inescrupulosas que les vendieron terrenos de manera fraudulenta aprovechándose de sus necesidades.

El loteo en cuestión tiene cinco hectáreas y está ubicado sobre la calle Sargento Cabral al 1500, en el límite con el barrio San Luis, donde ahora se desarrollará un emprendimiento urbanístico.

A diferencia de lo que pasó la semana anterior en Guernica -partido de Presidente Perón-, la mayoría de las personas residía allí desde hace uno o dos años, los terrenos estaban subdivididos y había muchas casas construidas en material.

Además, muchos vecinos dijeron tener boletos de compra-venta que demuestran haber adquirido las parcelas donde construyeron sus casas. Depositaron un monto, que en algunos casos llegó hasta $400.000, y debían abonar el resto del dinero una vez que los vendedores les enviaran la documentación. Sin embargo, eso nunca sucedió y ellos entienden que fueron estafados.

A pesar de haber reclamado para que se frene el desalojo con diferentes manifestaciones durante los últimos días, este martes la Policía se acercó y le dio cumplimiento a la orden del juez de Garantías de Escobar, Luciano Marino (ver nota acá

).

Ante los periodistas que cubrieron el desalojo, muchos vecinos mencionaron el nombre de Carlos César Costa, un martillero público escobarense que es hermano del jefe del bloque de senadores provinciales de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, y tío del ex concejal y dos veces candidato a intendente por esa fuerza política, Leandro Costa.

“Curly” Costa sería el propietario de los terrenos en cuestión, según consignó el periodista Ramón Indart en un artículo del diario Perfil.

“Por lo que nos dijeron, el dueño de todo esto ponía a terceros para que vendan los lotes y nosotros caímos en la volteada. Nos decían que todo era propiedad de un tal Costa y que ellos eran los que vendían”, manifestó Miguel, uno de los vecinos desalojados.

Carlos, otro de vecino del barrio Stone que debió abandonar su casa, se mostró dolido e impotente por la situación. “Hace dos años que estoy acá, pagué 150.000 pesos. Soy encargado de mantenimiento de máquinas viales y quería dejar de pagar alquiler. Ahora no tenemos donde ir “, dijo en A24

 uno de los compradores que lloró dentro de la casa en construcción donde recordó que todavía tiene que pagar 45 mil pesos de chapas que sacó con la tarjeta de crédito de una sobrina.

Por su parte, la fiscal de la causa, Paula Gaggiotti, sostuvo que los vecinos desalojados podrán reclamar ante la Justicia: “Tendrán oportunidad de hacer su descargo y nosotros determinar si son compradores de buena fe”, aseguró. Previamente, la funcionaria explicó que se desalojarían únicamente los terrenos que fueron usurpados ilegalmente.

Según la información disponible en la web, Carlos César Costa ofrece estos lotes por un valor de entre u$s 20.000 y 29.000 dependiendo de la superficie -ronda entre 600 y 800 metros cuadrados-, bajo un emprendimiento urbanístico que pertenece a la empresa Nuevo Maschwitz S.A. El diario Perfil afirmó que él figura como uno de los propietarios.

Por el momento, el emprendedor inmobiliario no salió a desmentir las acusaciones en su contra. Quien sí habló fue Roberto Costa, que trató de despegar a su hermano del asunto: «Tardó más de un año en desalojar. Como en todas las tomas, hay delincuentes atrás que le venden a la pobre gente», afirmó el senador provincial.

Asimismo, el abogado de Nuevo Maschwitz, Ariel Orentlijerman, aseguró a la prensa que “la empresa no tiene nada que ver con la gente que dice haber sido estafada.

“Las tierras fueron usurpadas en septiembre del 2019. En el medio los negocios que pudieron haber hecho los delincuentes lo desconocemos. Todos los boletos hechos por la inmobiliaria de Costa son legítimos. Los otros no existen”, afirmó el ex juez de Faltas.

En tanto, fuentes del Municipio de Escobar afirmaron que “los equipos sociales locales y de la provincia trabajan en conjunto relevando y asumieron el compromiso de avanzar en soluciones a las necesidades habitacionales, según cada caso”.

No es novedad que Argentina está sumida en una grave crisis habitacional. Miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna, pese a ser un derecho que está garantizado por la mismísima Constitución Nacional. En el medio existen familias como las del predio del barrio Stone, que apuestan a esforzarse para tener su casa propia, pero que por culpa de inescrupulosos terminan en la calle y con las manos vacías.