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Cuatro entidades intermedias del distrito coincidieron en elaborar un amplio pedido de informes sobre temas ambientales, que el 21 de abril hicieron llegar al intendente Sandro Guzmán, al director de Desarrollo Sustentable del Municipio, Gustavo González Marín, y a la comisión de Ecología y Medio Ambiente del Concejo Deliberante, que preside el concejal justicialista Javier Pérez.
El pedido está firmado por AAPE (Asociación Ambientalista de Escobar), ASCES (Avanzada Sociocultural Escobarense), MAYDA (Medio Ambiente y Defensa Aninal) y la Asociación Ambientalista Los Talares, de Maschwitz. Entre sus trece puntos, se destacan:
– Situación real (status legal) del cierre del basural isleño de la ruta 25.
– Existencia, descripción y plazos del proyecto de remediación y saneamiento del mismo, si lo hubiera.
– Campaña de concientización ambientalista educativa escolar y ciudadana en general, en el marco de lo estipulado por el programa municipal de Salud y Educación Ambiental, presentado el jueves 18 de junio (muy poco desarrollado hasta el momento, según fuentes confiables y fidedignas).
– Destino concreto de los fondos surgidos por la recaudación de la tasa ecológica municipal, implementada con la exhaustiva finalidad de ser volcados a la resolución de objetivos ambientales (desconocidos por la opinión pública).
– Proyectos desarrollados y acciones concretadas respecto de la gestión de los residuos.
– Gestiones de búsqueda y estudio para la concreción de una planta de tratamiento integral de residuos sólidos urbanos.
– Estado de capacidad, utilidad y funcionamiento de la planta de tratamiento cloacal de ABSA.
– Contralor municipal del destino de recolección, tratamiento y volcado de los deshechos industriales líquidos de fábricas, servicentros y talleres a cargo de empresas recolectoras privadas.
– Situación catastral de autorizaciones municipales para el descontrolado desarrollo constructivo de edificios en altura en pleno casco urbano céntrico, considerando aún la inexistencia de un código de planeamiento urbano que lo contemple y avale a través de profesionales idóneos y, fundamentalmente, pensando en las posibilidades de colapso del aprovisionamiento de agua y del deficitario sistema cloacal (ya observables).
– Situación catastral de autorizaciones municipales y datos provinciales bonaerenses y nacionales de los emprendimientos urbanísticos y no urbanísticos desarrollándose en el humedal de La Cañada de Escobar, no habiéndose considerado las leyes protectoras de este ecosistema, cambiándose su zonificación permisivamente y, por ende, anulando sus bondades.
– Situación del proyecto de emplazamiento e instalación de una toma de agua en el río Paraná de las Palmas y en el Luján inferior, y de la planta conectora y el consecuente acueducto conector.
– Datos de situación respecto a la proliferación y ubicación de antenas emisoras de radiofrecuencia y criterios aplicados para su habilitación y/o instalación.
En hoja adjunta a su pedido de informes, las entidades elevaron una serie de propuestas de trabajo sobre algunos de los puntos mencionados.
