La defensora del Pueblo de Escobar participó de un cónclave junto a otros ombudsman para reclamar la normalización del otorgamiento de pensiones.
Planteo. Fernández propuso derogar el decreto 432/97 e invertir la carga de la prueba sobre los beneficiarios.
La defensora del Pueblo de Escobar participó de un cónclave junto a otros ombudsman para reclamar la normalización del otorgamiento de pensiones. Se acordó una mesa de trabajo conjunta para evitar inequidades.
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) se reunió este viernes con el gabinete del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a fin de hacer una serie de presentaciones relacionadas al recorte de las pensiones a personas con discapacidad.
La defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández, quien es también secretaria de ADPRA, participó de la audiencia con la jefa de Gabinete del ministerio que comanda Carolina Stanley, Alejandra Cedrola, y con el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.
La funcionaria escobarense solicitó la derogación del decreto 432/97 en virtud de vulnerar los principios de la convención internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual goza de jerarquía constitucional por ley 27.044, ya que modifica el paradigma de que la persona con discapacidad es un sujeto de derecho y no un objeto de asistencialismo.
“Se debe dictar un nuevo marco reglamentario en el que se determinen pautas conforme a la normativa señalada, con requisitos inclusivos y sujetos a la evaluación interdisciplinaria”, expresó Fernández. En este punto se acordó conformar una mesa de trabajo entre el ministerio y los defensores.
La funcionaria escobarense también propuso que se invierta la carga de la prueba; es decir, que el discapacitado no deba probar su discapacidad llamando a un 0-800 sino que, por el contrario, si el ministerio detecta una acción fraudulenta debe notificar fehacientemente al beneficiario a fin de que el mismo pueda ejercer su derecho de defensa.
“También solicité que los defensores del Pueblo tengan un Dictamen de Precalificación, a los efectos de atender trámites de acceso a una pensión que requieran celeridad y urgencia por sus características. Y la creación de una Unidad de Enlace entre el ministerio y las defensorías para lograr una comunicación eficaz”, finalizó Fernández.
En síntesis, los funcionarios nacionales acordaron llevar adelante todas la propuestas presentadas, al tiempo que manifestaron que se restituirán las pensiones suspendidas y se depositarán los beneficios en el transcurso de la semana próxima, menos aquellas pensiones cuyos beneficiarios tengan empleo en blanco, hayan fallecido, renunciado a la misma o perciban una jubilación.
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