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De aprobarse este proyecto, los actuales operadores de antenas tendrán un año para adecuar las instalaciones.
Las antenas de telefonía celular son, a la vez, una necesidad y una amenaza. Sin ellas, las comunicaciones inalámbricas no podrían funcionar, al mismo tiempo que su ubicación inadecuada supone un serio riesgo para la salud humana por la radiación de ondas electromagnéticas. Solo una correcta regulación de los emplazamientos aptos para estas estructuras, de la cual el partido de Escobar aún carece, puede poner a resguardo a la población sin privarla de un servicio esencial.
En ese orden se inscribe un proyecto de ordenanza elaborado por el presidente del Concejo Deliberante, Elio Miranda, que este miércoles 22 fue analizado durante el habitual plenario de las comisiones legislativas. Su objetivo: regular la instalación, localización, habilitación, factibilidad, registro, mantenimiento, control y desmantelamiento de Estructuras Soporte de Antenas de Comunicaciones Móviles y sus estructuras relacionadas.
Como punto central, la iniciativa plantea que ninguna antena podrá estar ubicada a menos de 300 metros de plazas, colegios, iglesias, clubes, paseos comerciales o cualquier otro lugar donde se aglomere gente, particularmente chicos o ancianos, quienes pueden ser los más afectados ante una exposición continuada, como tampoco a menos de mil metros de otra similar. En tanto, la altura máxima permitida para estas estructuras es del orden de los 30 metros (varía según determinadas características).
Asimismo, el proyecto propone la creación de un Registro de Operadores de Comunicaciones Móviles, quienes, a su vez, deberán confeccionar y presentar regularmente un “Mapa de Radiación No Ionizante” para determinar los “lugares sensibles” y “puntos calientes” que requieran protección especial. El mismo podrá ser consultado por los vecinos en el sitio web del Municipio.
En cuanto a las habilitaciones, tendrán una vigencia de cinco años, tras lo cual sus titulares deberá renovarlas por otro lustro. Además los actuales prestatarios y operadores de estas estructuras tendrán un año de plazo para adecuar sus instalaciones a este nuevo marco.
“La idea de este ordenamiento es evitar que estos elementos se multipliquen en forma no prevista, produciendo un efecto no deseado en el paisaje urbano y la consecuente contaminación visual y/o ambiental que su emplazamiento supone”, expresó Miranda en relación al expediente, que este miércoles fue remitido por los concejales a las áreas técnicas del Ejecutivo. Sobre los dictámenes que emitan se definirá la aprobación del proyecto.
