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Un barco metanero (derecha) descarga GNL en el buque regasificador instalado en Escobar.
Hasta ahora, los ambientalistas no han tenido éxito en su intento de frenar el funcionamiento del puerto de regasificación instalado en el Paraná de las Palmas y que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró en junio pasado. Sin embargo, no pierden las esperanzas ni bajan los brazos.
El próximo mojón en esta cruzada será el venidero martes 7, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín analice el pedido de remoción del juez que ordenó archivar la denuncia penal que, a fines de mayo, habían radicado contra el proyecto Escobar GNL.
El grupo de organizaciones y vecinos que se opone a la actividad portuaria, encabezado por la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar (AAPE), presentó un pedido de recusación contra el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay. Consideran que “la resolución del 26 de diciembre mediante la cual ordenó archivar las actuaciones se motivó únicamente en una impresión personal, carente de sustento fáctico y desprovista de toda razonabilidad”. También en discrepancia con el magistrado, el fiscal federal Orlando Bosca apeló el archivo de las actuaciones.
La audiencia oral y pública en la que se analizará el apartamiento de González Charvay y la designación de otro juez en esa causa se iniciará a las 10.15 y los ambientalistas se movilizarán hasta las puertas del tribunal para presenciar su desarrollo.
Area prohibida
“Al existir un desconocimiento generalizado en la población sobre la peligrosidad potencial del GNL (gas natural licuado), su posible contaminación y la legislación vigente, tanto nacional como internacional, resultaría fácil instalar a hecho consumado este tipo de puertos en zonas pobladas y de elevado valor ambiental, como lo es el Delta del Paraná”, señalan desde AAPE.
“La normativa específica de GNL, basada en estudios científicos, establece que estos puertos deben estar ubicados en alta mar o en la costa marítima, nunca en zonas pobladas, para maximizar la seguridad. Se ha denunciado, además, delito de peligro por posible explosión del gas metano, por encontrarse agredida la población civil con el agravante de haberse omitido el proceso administrativo previo y justo de evaluación de impacto ambiental”.
Los barcos metaneros con GNL líquido viajan por el canal Emilio Mitre, pasan frente a la Capital Federal y luego navegan por el Paraná de las Palmas hasta el kilómetro 74, en Escobar. La terminal portuaria está instalada a 400 metros del barrio Jardín Náutico y a 11 kilómetros del centro de la ciudad. “Tanto el recorrido como la localización de la fábrica pondrían en riesgo la seguridad en la navegación. Además, se incumpliría con la ordenanza 2000/04 de Prefectura Naval Argentina que permite ese recorrido a barcos de hasta 232 metros de eslora, cuando los metaneros medirían 280 metros”.
Impacto ambiental
Una nube inflamable de GNL podría llegar a tener un alcance de 20 kilómetros si sólo el 9% de la carga de un barco metanero se derramara en el agua. Su extremo calor causaría quemaduras de tercer grado y ningún equipamiento de prevención podría vencer a un enorme fuego de GNL, según un estudio del Pentágono estadounidense del año 2001 difundido por los ambientalistas. El GNL es una mezcla constituida principalmente por hidrocarburos, con mayor proporción de metano. Esta mezcla es extraída de los yacimientos en estado gaseoso, luego se la enfría a 161º C bajo cero para cambiar su estado a líquido para trasportarlo.
“El enfriamiento permite reducir unas 600 veces el espacio que ocupa el gas natural. Esto constituye un importante beneficio económico, ya que se reducen significativamente la cantidad de viajes. Pero la elevada concentración de energía vuelve al GNL extremadamente inflamable y, por lo tanto, muy peligroso”, alertan.
“Además, al encontrarse el GNL a 161 º C bajo cero, son necesarios para convertirlo del estado líquido al gaseoso, en el proceso abierto, 500 millones de litros de agua diarios, los cuales se devuelven clorados y 10 grados más fríos. También se producen otros contaminantes, incluso mercurio, provocando un impacto ambiental negativo que afecta la biodiversidad y adultera las aguas dulces de superficie”.
Antecedentes cercanos
Recientemente, la jueza Susana González La Riva ordenó detener las obras del dragado de la Ría de Bahía Blanca para la instalación de un nuevo puerto regasificador. Previo a esta resolución judicial, los departamentos de las universidades de Bahía Blanca -UNS, UTN, IADO y especialistas de la salud- se habían opuesto públicamente al dragado por los serios daños ambientales que ocasionaría el proyecto.
En EE.UU, en junio de 2011, se canceló el proyecto “Fall River” de un puerto regasificador a orillas del río Tauton por el peligro y el daño ambiental.
Charla informativa
Los vecinos que quieran saber más sobre este tema pueden acercarse este sábado 4 de febrero a la charla informativa que se dará, a partir de las 10, en la sede de la Asociación Obras de Santa Teresita, Lugones casi Kennedy (a la vuelta de la capilla), en el barrio El Cazador.
