La Policía Bonaerense requisó una vivienda perteneciente a la familia del árbitro asistente Martín Bustos, quien se encargaría de reclutar a las víctimas, de entre 14 y 17 años. Su padre ya tenía una condena por abuso de menores.
La tranquilidad del barrio privado Haras Santa María, de Loma Verde, se vio interrumpida en la madrugada de este viernes cuando efectivos de la Policía Bonaerense allanaron la vivienda del árbitro asistente Martín Bustos, involucrado en la causa por abuso de menores en las divisiones inferiores del club Independiente de Avellaneda.
El operativo, ordenado por la fiscal María Soledad Garibaldi, fue una de las tres pesquisas simultáneas que se realizaron en domicilios pertenecientes al juez de línea acusado de ser partícipe de una red de prostitución de al menos 20 menores de entre 14 y 17 años, hasta el momento prófugo de la justicia.
Al igual que en la casa del country escobarense, donde viven sus padres, se retiraron pertenencias de Bustos en Trenque Lauquen -localidad de la que es oriundo- y en un departamento de San Isidro, a donde habría llevado a una de las víctimas.
“Se hizo el secuestro del material que puede servir para la investigación”, aseguró el fiscal adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Escalera, en diálogo con radio La Red tras finalizar el allanamiento.
El caso, que conmocionó al fútbol argentino, salió a la luz tras la confesión de una de las víctimas, que se quebró y le relató al psicólogo de la pensión de Independiente como funcionaría la red de pedofilia en la que Bustos sería quien reclutaría a los menores.
El árbitro asistente tendría un vínculo con Joaquín V, jugador de la cuarta división del conjunto de Avellaneda mencionado como el facilitador de los menores por el que aún no se ha hecho un pedido de detención. Llamativamente, Jorge Bustos, su padre, fue condenado a tres años de prisión por abuso sexual de menores en marzo del año pasado.
“Por indicación de mi abogado no voy a hablar, pero soy inocente. No tengo nada que ver con una organización de trata como se está diciendo”, se defendió el hasta ahora único acusado, en declaraciones al portal Infobae desde la clandestinidad.
La causa, caratulada como “abuso sexual y promoción y facilitación de la prostitución”, recayó a cargo de la UFI N° 4 comandada por la fiscal Garibaldi.