Advierten sobre disputas por los contratos de alquiler y la suspensión de los desalojos

Cuando recién comenzaba el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, uno de los tantos interrogantes que surgieron es qué pasaría con el precio de los alquileres y con aquellos inquilinos que se vieran impedidos de abonarlos en tiempo y forma.

Este dilema se disipó parcialmente el 29 de marzo, cuando se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 320/2020, que determinó la suspensión de los desalojos y el congelamiento de los alquileres hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, cada vez hay más denuncias sobre el incumplimiento de esta normativa.

Hay casos en que los inquilinos, al disminuir sus ingresos, se han visto impedidos de pagar el monto pautado contrato. En otros, el acuerdo se venció en el mismo momento en el que inició la cuarentena obligatoria o bien desde entonces a la fecha.

Todos ellos están amparados por la medida firmada por el presidente Alberto Fernández y su gabinete. No obstante, desde la Defensoría del Pueblo de Escobar aseguran que están recibiendo “una gran cantidad de consultas” sobre este tema, tanto de parte de inquilinos como de propietarios.

“Le indiqué a nuestro Centro de Mediación Comunitaria que se desarrollen mediaciones no presenciales a los efectos  de evitar escaladas de violencia y situaciones de conflicto”, explicó su titular, Rocío Fernández.

El propósito de este mecanismo es que “las partes puedan hallar un punto de entendimiento y acuerdo, especialmente en los contratos de alquiler informales o de palabra, en los cuales también opera el decreto”.

En líneas generales, el DNU prorroga hasta el último día de septiembre los contratos de alquiler de viviendas urbanas o rurales, habitaciones destinadas a viviendas familiares, pensiones u hoteles; inmuebles destinados a pequeñas producciones familiares o agropecuarias e inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias.

También extiende el plazo de alquiler de inmuebles para aquellas personas adheridas al régimen de monotributo, que lo afecten a la prestación de servicios, el comercio o la industria; lo mismo con los profesionales autónomos que lo destinen al ejercicio de su actividad, las pymes y las cooperativas de trabajo o empresas recuperadas.

Todos ellos abonarán hasta la fecha fijada el mismo monto que tenían estipulado en marzo. La diferencia entre lo que se cobre y lo que corresponda será abonado a partir de octubre, con la posibilidad de cumplir el pago en tres o seis cuotas sin interés.

La Defensoría del Pueblo recomienda a los inquilinos que, en la medida de sus posibilidades, cumplan mensualmente con sus compromisos para evitar la generación de deudas que luego sean difíciles de afrontar y así mantener la cadena de pagos.

El aludido DNU también incluye la suspensión de los desalojos. Todos los casos en que hubiera una sentencia judicial o ya se hubiera ordenado previamente la expulsión quedan en pausa, siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de alquiler.

Asimismo, el inquilino también puede decidir su salida anticipada de acuerdo al vencimiento original del contrato o si ya hubiera vencido, antes del 30 de septiembre. Para hacerlo tiene que notificar al locador con 15 días de anticipación. Por el momento, las mudanzas están autorizadas solamente dentro de los límites del partido de Escobar (ver nota acá).

Ante cualquier duda por estos temas, la Defensoría del Pueblo de Escobar recibe consultas gratuitas al 0800-555-3367.

Por Alejo Porjolovsky